Los tres salones permanecen vacíos, sin puertas, ni bancas, ni pizarras. En uno de esos espacios, dos computadoras gestionadas por padres de familia también se las llevaron. Así, en total abandono, sin presencia de alumnos y rodeada de maleza y mosquitos permanece la escuela fiscal Rosa Villegas. 

Este centro rural educaba a 50 niños en el recinto Vista Alegre en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas. Una vía lodosa de más de un kilómetro lleva a esta escuela desde el recinto Fátima de ese cantón.

En Vista Alegre, al pie de la vía, Gabriela Ramón aguarda el paso de una moto que por $0,50 lleva a su hijo a su escuela María Piedad, en Fátima.

“Debo mandarlo solo, porque si no tendría que pagar doble pasaje en ir a dejarlo y volver... si esta escuela (Rosa Villegas) la abren lo llevaría aquí mismo”, comenta la madre, quien vive a pocos metros de la escuela cerrada hace cuatro años.

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El anuncio gubernamental de reabrir escuelas rurales cerradas en el anterior gobierno devuelve las esperanzas a estos poblados. Esto pese a que en primera instancia se reabrirían solo 1.000 planteles, priorizando sitios pobres de la Sierra central, según el ministro de Educación, Milton Luna.

Él indicó que se invertirían unos $ 70 millones en aquello. Según Luna, en 2012 hubo 19.000 escuelas rurales y el régimen lo redujo a 12.000.

La mañana del jueves, madres y padres de familia con sus niños se reunieron de inmediato en Vista Alegre al ver a un equipo de este Diario. Shirley Bajaña, Betsy Mora y Katherine Gaibor coinciden en que quieren ayudar en la reapertura del centro.

Mora adquirió una moto luego de que se cerrara la escuela y cada semana gasta, dice, $ 10 en gasolina para llevar a su hija Melany a la unidad del recinto Fátima. En esos viajes, ella, hace poco, sufrió una caída y se fracturó el brazo.

Antes del cierre de la escuela de Vista Alegre, los padres realizaban bingos y vendían comida para gestionar el mantenimiento, comprar ventiladores y computadoras que fueron llevadas a otras escuelas, cuenta Bajaña, otra madre.

Una situación similar se vive en la escuela 12 de Octubre del recinto San Antonio, del cantón Colimes. Allí, Jacinta Espinoza cuenta que unos 30 padres de familia construyeron un cuarto para que el único docente del centro descanse allí.

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Ahora las tres aulas permanecen con cadenas, bancas arrumadas, el moho invade el piso y parte del techo ha caído. Los niños son enviados en mototaxi a otras escuelas lejanas ubicadas a media hora y hasta una hora. Pagan $ 5 semanales por el traslado de cada niño.

Las escuelas cerradas están en muchos recintos. En Balzar, el plantel Carlos Hidalgo del recinto La Victoria está rodeado de maleza y textos escolares rotos dentro de un aula grande.

Más adelante, Arsenio Navas vive frente a la escuela Provincia del Guayas. Su nieto asiste a la Víctor Manuel Rendón de la cabecera cantonal de Balzar. “Se lo manda con un chofer que sabe a qué hora sale, no va solo, ahora es peligroso”, comenta.

“Si abren soy capaz de prestar (dinero) para que todo esté limpio, fumigar y cortar maleza”, sostiene el vecino que guarda arroz en un aula.

Asimismo, en la escuela 14 de Septiembre del recinto La Guadalupe del mismo cantón, se ha optado por emplear una habitación que usaban docentes de Guayaquil y ahora acoge a una familia pobre, cita Patria Chávez, vecina de la escuela.

Sería gran ayuda (la reapertura). Somos de bajos recursos, muchas familias tuvieron que juntarse para enviar a sus hijos en mototaxi a otras escuelas lejanas, $ 5 pagamos a la semana”, Jacinta Espinoza, madre de familia

Reducirán informes que hacen maestros

El Gobierno Nacional anunció que mediante un acuerdo ministerial reducirá del 50% al 10 o al 15% la carga administrativa de los docentes para permitir el desenvolvimiento normal de la actividad de enseñanza-aprendizaje.

Según anunció este jueves el ministro de Educación, Milton Luna, el profesor de todos los niveles dedica, más o menos, un 50% o hasta un 70% de tiempo a actividades administrativas, algunas de ellas innecesarias y burocráticas.

José Brito, subsecretario de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación, explicó que los profesores se dedican a la semana a 65 operaciones administrativas, de las cuales alrededor de 6 son a procesos inherentes a la labor pedagógica del profesor, como planificar sus clases, evaluar a los alumnos, atender a los padres, adecuar el currículo a la realidad escolar, y todos los demás son de orden administrativo. Agregó que sería un proceso de reducción de 40 a 45 de esos procesos.

Brito puso como ejemplo que hay un caso, el de un profesor de un determinado grado de educación básica, que semanalmente tiene que hacer alrededor de 1.600 registros de asistencia.

Dijo que se exige que el profesor registre la asistencia de los niños por hora, por día, o que se registren fotografías de todos los eventos.

“El profesor ha perdido más del 60% de su presencia con los niños, de promover el aprendizaje”, añadió Brito. (I)