Tras una semana de posiciones contrapuestas, la Contraloría y la Fiscalía iniciaron la revisión de los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) emitidos por el organismo auditor de los fondos públicos.

Desde junio del 2017, cuando Pablo Celi se posesionó como contralor, hasta enero del 2019, la Contraloría ha enviado un total de 372 IRP, de los cuales 209 se encuentran en etapa de investigación previa; es decir, que podrían ser archivados o servir de base para ratificar un delito, como peculado o enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, hubo fricciones entre ambas instituciones por las demoras en los trámites de tales informes.

El anuncio de que las dos instituciones han conformado equipos conjuntos fue hecho esta tarde, en la sala de reuniones de la Contraloría, a propósito del anuncio de un acuerdo marco para la lucha contra la corrupción, en el que participaron, además de Celi y Palacios, la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Diana Salazar, y el procurador Íñigo Salvador.

Entre los principales puntos del acuerdo está el intercambio de información y la coordinación de acciones. Además, los cuatro funcionarios solicitaron al Ejecutivo se la transferencia de más recursos para la Fiscalía.

Palacios reconoció que la falta de recursos es un problema para la institución.

Ninguno de los cuatro funcionarios precisó cuales serán las primeras acciones del acuerdo marco y tampoco señalaron fechas, plazos o montos. (I)