Ahogado por una crisis económica, Venezuela termina el año como uno de los países con mayores problemas, incluyendo ser el estado más violento de Latinoamérica, con 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

El caos económico era previsible para muchos de los críticos del gobierno que por años advirtieron que el país se dirigía a un despeñadero debido a una política, iniciada en 1999 por el fallecido presidente Hugo Chávez, de expropiaciones masivas de granjas e industrias, la promulgación de leyes severas que desalientan la inversión y vulneran la seguridad jurídica, aunado a los controles que se aplican a contracorriente como un dogma del gobierno socialista.

En los últimos 19 años han cerrado más de dos tercios de las 600.000 empresas que existían en 1998, afectando el empleo. A la par, la inflación ha pulverizado el salario real y el poder de compra de los venezolanos. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en Venezuela, entre las peores de la historia mundial, podría finalizar este 2018 en 1’370.000%. La ONU, en tanto, cuenta tres millones de venezolanos que han emigrado desde 2015.

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El periodista Andrés Oppenheimer dijo que de acuerdo con economistas del FMI y el Banco Mundial, la inflación incluso podría alcanzar 10’000.000% en 2019. Además de que la economía del país se redujo un 18% en 2018, alcanzando una contracción del 50% en los últimos cuatro años. En 2019 podría contraerse otro 20%.

El “Plan de Recuperación, Prosperidad y de Estabilización”, anunciado por el presidente Nicolás Maduro (heredero de Chávez) en agosto, no aborda ni crea condiciones para abatir el proceso hiperinflacionario, coinciden los analistas.

Como parte del plan, el 20 de agosto entró en vigencia una reforma monetaria que contempló la eliminación de cinco ceros a la antigua moneda, aumentó el salario mínimo 3.000% en agosto y 150% en diciembre, elevó los impuestos a las empresas, y paralelamente ancló los precios de numerosos bienes y servicios a la criptomoneda conocida como el petro. Además, estableció una serie de restricciones monetarias.

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Maduro repetidamente acusa a EE.UU. de orquestar una guerra económica, con el apoyo de sus adversarios locales con la intención de desestabilizar su gobierno para justificar su derrocamiento.

Mientras, la ONU busca obtener 738 millones de dólares en 2019 para ayudar a los países vecinos que reciben la migración de venezolanos, según Reuters. La firma Brookings Institution indicó que los migrantes y refugiados venezolanos en otros países podrían alcanzar los 8,2 millones. Superior a los que han salido de Siria durante la guerra civil. (I)

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Desconocer a Maduro

Varios países miembros de la OEA pedirán desde el 1 de enero desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro, que empieza el 10 de enero, debido a que países como EE.UU. y los del Grupo de Lima no reconocen las elecciones ordenadas por la oficialista Asamblea Constituyente de mayo. (I)