En medio de gritos de apoyo a la denominada Revolución Ciudadana, de unas 40 personas simpatizantes del correísmo, salió este miércoles de la Fiscalía General del Estado José Regato Cordero luego de rendir versión por el delito de usurpación de funciones por el que denunció al contralor subrogante Pablo Celi y al ex fiscal general encargado, Paúl Pérez.

Según Regato, en su versión se ratificó en todo lo que explicó en la denuncia, es decir, repitió que ninguno de los dos funcionarios se han posesionado en la Asamblea como lo establece la Constitución. Poco antes de su versión, Regato reconoció firma y rúbrica en la denuncia que originó que se abra la investigación previa del caso.

Más de una hora duró la versión del denunciante, quien afirma que el no haber sido posesionados legalmente los dos funcionarios podría generar la nulidad de todas las actuaciones que realicen al estar en esos cargos. Mientras tanto, en los exteriores de la Fiscalía un grupo de seguidores del expresidente de la República Rafael Correa gritaban consignas contra el mandatario Lenín Moreno y la prensa, y pedían la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, a quien lo califican de preso político.

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"La Constitución es bien clara y la Consulta (popular de febrero del 2018) no autoriza a eso. Tienen que posesionarse desde el presidente de la República hacia abajo ante la Asamblea y esa posesión no existe", dijo Regato.

Celi señaló que la denuncia no tiene ningún sustento legal que la pueda sostener y dijo que le queda claro que es político el objetivo de la denuncia. Al contralor lo que le admira es que haya existido una gran celeridad para acoger una denuncia -según él- sin sustento y exista mucha lentitud para recoger los indicios penales que de manera sustentada la Contraloría viene entregando en el último año.

La fiscal general encargada Ruth Palacios, quien dio inicio a la investigación previa, aclaró que no hay nada extraño en que Fiscalía investigue una denuncia. La funcionaria manifestó que no tiene afinidad política alguna y tampoco compromiso con nadie y que el que se abra una investigación no puede concebirse como una persecución.

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"Estamos claros que este tipo de acciones tiene el único objetivo de deslegitimar a las autoridades que están ejerciendo función pública en el país. Es lamentable que con actuaciones que carecen de todo sustento legal se pretenda retardar procesos, impedir la conclusión de investigaciones, evitar que la Fiscalia se pronuncie sobre una gran cantidad de indicios de responsabildad penal que la Contraloría ha puesto en consideración de la Fiscalía", dijo Celi. (I)