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Esmeraldas pide reparación por labor de minería

Pueblo afroecuatoriano prevé movilizarse el lunes 29 de octubre para exigir cumplimiento de medidas cautelares posactividad minera.

ELOY ALFARO, Esmeraldas. La minería a cielo abierto ha dejado afectación ambiental en zonas del cantón, citan pobladores. Foto: redaccion

Que se cumpla con las medidas cautelares y se sancione a autoridades que no las acataron son pedidos de las comunidades afroecuatorianas del norte de la provincia de Esmeraldas, en referencia al dictamen del exjuez multicompetente de San Lorenzo Segundo Caicedo, emitido el 10 de marzo de 2011 y ampliado el 4 de junio pasado.

La disposición ordenaba a los ministerios de Recursos Naturales no Renovables, de Salud, del Ambiente, a Senagua, a la desaparecida Secretaría de Gestión de Riesgos, Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y a los municipios de San Lorenzo y Eloy Alfaro, intervenir con soluciones a los problemas sociales y ambientales que afectarían a unas 90 comunidades rurales, según Aldo Pusterla, párroco de una iglesia de la zona supuestamente impactada.

Esto, tras denuncias de pobladores, Defensoría del Pueblo y de los resultados entregados por la Senagua, que indicaban que el agua de los ríos Santiago, Cayapas y afluentes contenía metales pesados y que no era apta para el consumo.

El pedido de cumplir medidas lo respaldan la Red Coordinadora de Organizaciones Sociales (Redcone) y la Pastoral Social Cáritas del Vicariato Apostólico de Esmeraldas.

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Para el lunes 29, las comunidades programaron otra movilización al Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, para exigir sanciones por desacato a las instituciones notificadas.

Concesiones mineras

En San Lorenzo y Eloy Alfaro, el expresidente Rafael Correa entregó en concesión a la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) cuatro áreas, el 27 de enero de 2012.

Enami trabajó en el proyecto Río Santiago, con 38.787 hectáreas, que era uno de los once proyectos en portafolio de la estatal minera en todo el país.

Marlene Corozo, dirigente de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (Uonne), indicó que por encima de la resolución judicial del 2011, el gobierno de Correa supuestamente entregó concesiones a la Enami, compañías y cooperativas, para extraer oro.

Según la Redcone, el Ministerio de Minas habría concedido 38.700 hectáreas a la firma Coprosan para la explotación de oro, luego de que la Enami no lograra éxito en esta labor.

Los dos municipios, el gobierno provincial, incluso entes estatales estarían extrayendo material pétreo sin un plan de manejo ambiental, con más afectación en ríos. Allí, pobladores buscan oro en el agua.

Según Mérice Caicedo, presidenta de la Asociación de Mineros (Coprominec), las medidas cautelares afectan la extracción minera regularizada. Dijo que en ambos cantones, el 80% de la población trabaja de manera formal y el restante, en las fincas palmicultoras.

El párroco Pusterla propuso una auditoría de los recursos no renovables extraídos de la zona, incluidos bosques y cultivos de palma africana. (I)

Redacción
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