(Actualizado a las 22:35)

Frente a la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, el presidente Lenín Moreno anunció que se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del ECU-911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico que este tenía. Son casi 20 funcionarios.

Moreno hizo el anuncio tras reunirse más de tres horas con las autoridades de todos los poderes del Estado para hablar del combate a la corrupción.

Además, el mandatario ordenó al ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, que interponga la denuncia ante el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, para que inicie las investigaciones a todos los sospechosos en este caso.

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Granda entregó a la Fiscalía una lista de 48 funcionarios. La idea, explicó el ministro, es que se revise y verifique que cada una de las personas involucradas en la vigilancia y monitoreo del grillete electrónico cumplieron con los protocolos y las responsabilidades que tenían.

En tanto, el contralor Pablo Celi exhortó al fiscal Pérez y a la Función Judicial para que las medidas cautelares para conductas delictivas que afectan el interés público sean más severas, con el fin de garantizar que los procesos de delitos contra los recursos públicos concluyan con las sanciones necesarias.

Antes de la reunión, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aseguró que la fuga de Alvarado no se habría dado sin la complicidad de otras instituciones y que el Legislativo ejercerá el control político en el caso, por lo que el Pleno convocará a las autoridades responsables del caso Alvarado para que den explicaciones.

En tanto, este miércoles, desde las 10:00, la jueza del caso, Sylvia Sánchez, analizará el incumplimiento de las medidas cautelares que pesan contra Alvarado, quien salió de Ecuador a un país desconocido que le otorgó asilo. La audiencia llega a pedido de Pérez y dentro de la instrucción fiscal por peculado en la que Alvarado es el único procesado.

La fuga de Alvarado jurídicamente obliga a que las medidas cautelares del uso del grillete, presentación periódica y prohibición de salida del país cambien a una orden de prisión preventiva y a una posible alerta roja en la Interpol para que se lo ubique y detenga.

El domingo pasado, la ministra del Interior, María Paula Romo, informó que ante la fuga de Alvarado la Policía ya había notificado a Interpol, que emitió una difusión azul para la localización e identificación del exfuncionario en 192 países.

La notificación podría cambiar a rojo, una vez que la jueza ordene la prisión de Alvarado y alerte de ello a Interpol. La medida se usa para localizar y detener a una persona buscada por autoridades judiciales de un país o un tribunal internacional con miras a su extradición.

En un escrito que Carlos Xavier Zavala, abogado de Alvarado, envió a la jueza Sylvia Sánchez, se alega la supuesta falta de garantías al debido proceso y al principio de inocencia. Y se recuerda que Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), habría llamado ladrón a su defendido en un acto público.

“Recordemos que el CPC es quien designa al fiscal general, contralor y Consejo de la Judicatura; es decir, si el nominador lo sentencia (a Alvarado), sus nominados seguirán la huella de lo principal...”. (I)