La falta de respuesta del fiscal general Paúl Pérez sobre si ha encontrado o no elementos que revelen una posible participación del expresidente Rafael Correa; del exministro de Defensa, Javier Ponce, o del alto mando militar, en el delito de ejecución extrajudicial al policía Froilán Jiménez, genera preocupación en los abogados defensores de Wilson R. y Vicente N., oficiales del Ejército procesados en esta causa.

Trece días han pasado desde que el fiscal Fabián Salazar, de la Unidad de Garantías y Personas de Pichincha, trasladó el expediente por el asesinato de Jiménez, ocurrido el 30 de septiembre de 2010, para que sea revisado por Pérez.

Salazar encontró 26 elementos de convicción que le hacían pensar que se deben investigar a personas con fuero de Corte Nacional de Justicia, como Correa y Ponce. Por eso el expediente pasó al fiscal general.

Pablo Encalada, abogado de Vicente N., sostiene que la demora significa que a los dos procesados se les ha reducido el tiempo de defensa dentro de los 90 días de instrucción fiscal. Por ejemplo, dice, se han parado los testimonios de periodistas, camarógrafos y el peritaje de videos.

Opina que Pérez debería devolver el expediente a Salazar por no existir méritos suficientes para el procesamiento de Correa y Ponce. (I)