El proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción aprobado por la Asamblea Nacional, con 107 votos, “no ayudaba” a la estrategia del Gobierno en su propósito anticorrupción.

Ese fue uno de los argumentos que usó el Ejecutivo para vetar totalmente el proyecto aprobado el 14 de agosto pasado, en el que planteaba el comiso anticipado de bienes, formulaba cambios al artículo 370 del Código Integral Penal sobre la asociación ilícita y anulaba el requisito previo de informe de la Contraloría para iniciar indagaciones.

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, dijo que son razones técnicas y jurídicas que llevaron al régimen a vetar el proyecto porque “realmente no era una ley que por sí nos ayudaba a esta estrategia planteada por el Gobierno nacional dentro de la lucha contra la corrupción”.

Añadió que lo aprobado por el Legislativo tenía ciertas características de tipo legal que podía llevar al operador de justicia a crear una serie de “confusiones” dentro de la aplicación a esta; y además alargaba ciertas etapas procesales que no eran necesarias.

Indicó que en el proyecto de ley objetado se buscaba un comiso sin sentencia cuando el comiso de por sí es una pena; por lo tanto, “¿cómo puede darse un comiso si no existe una sentencia?”, preguntó.

• Ejecutivo plantea nuevas medidas anticorrupción en Ecuador

El presidente Lenín Moreno anunció anoche que remitió un nuevo proyecto de Ley Anticorrupción a la Asamblea Nacional. El anuncio se dio justo cuando vencía el plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre el cuerpo legal. Esto tras las denuncias de César Montúfar, acusador particular del exvicepresidente Jorge Glas, quien indicó que el documento beneficiaría al exmandatario.

Pesántez fue la encargada de presentar en el Parlamento el proyecto anticorrupción y protección del denunciante que complementa aquellas reformas que el Ejecutivo presentó sobre incautación de bienes y la extinción de dominio.

La funcionaria destacó que la nueva propuesta propone la protección al denunciante y la recompensa económica para quienes proporcionen informan eficaz que permita recuperar el dinero robado.

Se propone la cooperación eficaz para el denunciante y se establece un plazo de 90 días para que las personas que sepan que poseen bienes que no son suyos sino de terceros.

• En 90 días, firma entregará informe con ruta del dinero

En la Asamblea, los miembros de la Comisión de Justicia cuestionaron el veto, y según su presidenta, Marcela Aguiñaga, es lamentable que el Ejecutivo se haya hecho eco de “ciertos politiqueros” que buscan lo mediático para obtener réditos y confunden lo que realmente se aprobó como reforma en el tipo penal de asociación ilícita.

Lourdes Cuesta (CREO) precisó que lo aprobado en ningún momento intentó beneficiar al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por ese delito, como lo aseguró César Montúfar, exlegislador

Henry Cucalón (PSC) dijo que si bien el Ejecutivo tiene el derecho a vetar un proyecto, ojalá que no haya sido por algo que “es una infamia al afirmar que se ha hecho una ley para beneficiar a Jorge Glas”. (I)

Lo que se sabe

Compensación

El proyecto del Ejecutivo plantea una compensación económica de hasta el 20% de lo que el Estado pueda recuperar para la persona que suministre datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan en la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal. La compensación económica será aplicable para aquellos casos en los que estén envueltos recursos del Estado o que hayan sido obtenidos en perjuicio del Estado.

Protección

La propuesta del Ejecutivo garantiza la protección e incluso un reconocimiento público al servidor público que denuncie actos de corrupción debidamente fundamentados y que se compruebe la veracidad del hecho.

Repetición

El proyecto establece la atribución del Estado a ejercer de manera inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia, y repetirá contra aquellos que la formularon.