(Actualizado a las 21:30)

“El pueblo tenía tenía muchas esperanzas que no han sido satisfechas” por la Corte Constitucional (CC), comentó este jueves Julio César Trujillo, tras decidir con el voto de otros cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición cesar en funciones a los nueve magistrados que conforman la Corte.

Alfredo Ruiz, Tatiana Ordeñana, Francisco Butiñá, Manuel Viteri, Marien Segura, Roxana Silva, Wendy Molina, Pamela Martínez y Ruth Seni, quienes forman parte del máximo organismo de control constitucional del Estado, tienen tres días para plantear un recurso de revisión para revocar esta decisión.

Los votos afirmativos fueron de Trujillo, Pablo Dávila, Eduardo Mendoza, Myriam Félix y Luis Hernández; la abstención de Xavier Zavala y la ausencia de Luis Macas, que iba a participar a través de Skype, pues está fuera del país, pero justo falló la conexión.

Publicidad

El pleno, que estaba convocado para las 10:00, empezó con 46 minutos de retraso. Zavala fue el primero en llegar. Los últimos, Trujillo y Dávila.

En la resolución de 222 páginas, el CPC esgrimió que no están vulnerando el artículo 431 de la Constitución, porque “no se está aplicando la figura de la remoción” y tampoco se está haciendo un “juicio político, que es competencia de la Asamblea nacional”. “Se está evaluando la gestión”, describía el escrito leído por el secretario Darwin Seraquive, que tomó casi tres horas.

Se añadió que el Consejo “no es un tribunal de Alzada, el único efecto de la evaluación es la cesación anticipada, no se ejerce facultad jurisdiccional”.

Con estos argumentos rechazaron las advertencias de jueces como Ruiz, Molina, Ordeñana, Butiñá, quienes el viernes pasado, durante la presentación de las pruebas de descargo a un informe de evaluación que les era negativo, enfatizaron que el Consejo no es competente para evaluarlos; y de hacerlo, generarían que transnacionales que perdieron demandas en la Corte inicien acciones en contra del Estado.

Pero el transitorio determinó que los jueces incumplieron los parámetros establecidos en el Mandato de Evaluación.

No cumplían con ser independientes y evidenciaron falta de legitimidad del cargo.

Publicidad

La razón: su elección nació de un concurso hecho por una Comisión Calificadora, que no verificó que los magistrados cumplan con los numerales 4 y 5 del artículo 433 de la Constitución, sobre tener probidad y ética, y no haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político.

Se incumplió el “principio de independencia y plazo razonable” para atender las causas, sobre todo las que planteaban los ciudadanos. Según estadísticas oficiales, habría 10.500 procesos sin tramitarse.

Como ejemplos, el pedido de consulta previa en Quimsacocha (Azuay) para evitar la minería tardó tres años. O el caso Satya, que tardó seis.

Al final del acto, Trujillo explicó que se tardó el informe de evaluación porque querían dejar constancia de “las razones” y la “importancia del tema”. Sobre todo, porque es “nada menos que en contra de la Corte Constitucional”. (I)