Ministerio de Política y Derechos Humanos, Ministerio de Defensa y Riesgos, Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Ministerio de Ambiente y Agua serán parte de la nueva estructura ministerial como resultado de la optimización del Estado que fue anunciado ayer por autoridades gubernamentales en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Este proceso forma parte de las medidas económicas que fueron dadas a conocer por el presidente Lenín Moreno la noche del martes.

José Agusto Briones, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), mencionó que cuando llegaron al Gobierno había 137 instituciones públicas, de la cuales 13 fueron eliminadas, entre ellas cinco ministerios coordinadores y la secretaría de la Administración Pública, y se dio pasó a la fusión de ministerios de Electricidad, Hidrocarburos y Minería.

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Agregó que de 40 ministerios se pasó, en una primera etapa, a 27, y ahora el Gobierno plantea dejar 20. Briones indicó que de contratos ocasionales, así como de nombramientos provisionales ha habido una desvinculación de, aproximadamente, 42.000 servidores públicos hasta el mes de mayo, dentro de un proceso de terminación de contratos.

Para llegar a los 20 ministerios, el funcionario expresó que se hará un análisis de cada una de las normativas vigentes, se formulará el decreto ejecutivo correspondiente, se elaborará una matriz de competencias, la asignación presupuestaria y se definirán los estatutos orgánicos de procesos para cada entidad.

El titular de la Senplades sostuvo que hay 900 plazas de servidores públicos que no serían renovadas, pero que aquello se va a ir ajustando una vez que se den los procesos de implementación de las fusiones. Ese número podría llegar hasta 1.500.

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“Al fusionarse el Ministerio de Industrias con el Ministerio de (Comercio) hay departamentos de servicios de apoyo relacionados con servicio legal, servicios de comunicación que al unirse se quedarán los mejores y los que den el mejor servicio”, argumentó.

Agregó que inicialmente se identificaron unos 75.000 contratos ocasionales y nombramientos provisionales, cuyo proceso de desvinculación continúa conforme va terminando la vigencia de los contratos.

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En un listado difundido por la Secretaría de Comunicación se indica, además, el traspaso de atribuciones del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito a la Agencia Nacional de Tránsito, la fusión de la Dinardap y el Registro Civil, la supresión del Servicio de Contratación de Obras cuyas competencias pasan a varios ministerios; y que las atribuciones del Instituto Espacial Ecuatoriano van al Instituto Geográfico Militar, entre otras entidades estatales.

En el caso de las empresas públicas habrá acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Banca de Desarrollo de América Latina (CAF), que van a identificar qué se puede hacer con aspectos legales y económicos, dijo el ministro de Economía, Richard Martínez.

Para Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), la fusión con el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) busca que haya una sola entidad que administre impuestos internos y externos, así como controles a malas prácticas de evasión .(I)

‘Las cifras estaban ocultas’

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Según Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, heredaron un “país quebrado, un Estado obeso, marcado por la corrupción” y dividido. Calificó al gobierno anterior como autoritario. Con esos altos niveles de corrupción, dijo, la economía estaba quebrada, por lo que iniciaron con el “sinceramiento” de cifras que –agregó– estaban ocultas y determinaron que la deuda estaba por sobre los $ 60.000 millones. (I)

‘Ley crea oportunidades’

La Ley de Fomento Productivo, que fue publicada el pasado martes en el Registro Oficial, crea oportunidades y cambia la lógica de que el Estado es el primer empleador, mencionó José Agusto Briones, titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).

El funcionario aseguró que el    Estado debe crear las condiciones, pero es el sector productivo el que tiene que crear empleo permanente y sostenido.(I)

 

‘Ahorro es de 1% del PIB’

El Gobierno estima que las medidas de optimización del Estado y de reducción del gasto público permitirán un ahorro de $ 1.000 millones, que el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, lo estimó en el equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB). Se eliminará el pago de planes de telefonía celular para funcionarios de alto rango, así como el retiro de personal de seguridad. (I)

‘Se restringen contrataciones’

Silvana Vallejo, directora de Compras Públicas, señaló que en el gobierno anterior hubo “un abuso del régimen especial”, pues aproximadamente el 44% en promedio de los últimos años pasó por ese tipo de la contratación, que más bien debería ser de uso extraordinario.

Anunció que se va a restringir el uso del régimen especial y se eliminará a los denominados proveedores únicos. (I)

La situación fiscal es extremadamente compleja que deviene de un desorden muy alto en el gasto público, (...) el problema de fondo es un gasto que no ha podido ser controlado.Richard Martínez, ministro Economía