Un niño de 1 año tomaba leche de un biberón, jugaba con una pequeña pelota morada que se encendía a cada rebote y pedía agua ocasionalmente.

El infante compareció ante un juez de inmigración en Phoenix, que apenas podía contener su incomodidad durante la parte de la audiencia en la que pregunta a los inmigrantes acusados si han entendido los procedimientos.

“Me avergüenza hacer la pregunta, porque desconozco a quién se la explicarían, a menos que crean que un niño de 1 año puede aprender la ley de inmigración”, dijo el juez John W. Richardson al abogado que representó al menor.

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El niño fue uno de los 203 menores de 5 años, cuyo plazo para reunirse con sus padres fue fijado por la justicia para el pasado martes, pero solo 34 lograron ver a sus padres tras haber sido separados en la frontera, muchos de ellos a causa de la “política de tolerancia cero” del gobierno del presidente Donald Trump.

En otro caso en Arizona, el juez le preguntó a un niño de Guatemala vestido con chaleco y corbata cuántos años tenía. El pequeño levantó su mano abierta.

Los detractores del gobierno han censurado el sistema de las cortes de inmigración del país que obliga a los menores –algunos todavía en pañales– a comparecer ante jueces y seguir los procedimientos de deportación separados de sus padres.

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El problema es de particular urgencia para los padres de niños pequeños que requieren mayor cuidado. Los estudios muestran que el estrés a muy temprana edad puede crear problemas emocionales e incluso físicos para toda la vida.

Estos menores no tienen el derecho a tener un abogado asignado por la corte y 90% son regresados a su país de origen sin la intervención de un defensor, según la agrupación Kids in Need of Defense, que les provee representación jurídica.

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Las audiencias, a las que los niños deben asistir obligatoriamente, se dan entre llantos, biberones o cambio de pañales.

Oenegés críticas con el proceso asumieron algunos casos porque al tratarse de casos civiles, los menores no tienen derecho a un abogado de oficio.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que presentó la demanda que dio lugar a la orden judicial que permitió la reunificación de los niños con sus padres, dijo que no sabía si el gobierno había cumplido con la fecha límite para los niños más pequeños.

Mientras, los funcionarios de inmigración que no lograron cumplir con el plazo para reunificar a los niños menores de 5 años, enfrentan una nueva fecha límite, 26 de julio, para reagrupar a otros 2.200 niños, mayores de 5 años. (I)

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