El Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió ayer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio una ampliación del plazo para dar contestación al informe de evaluación de gestión que fue notificado a los vocales el pasado miércoles.

Según la notificación, los cinco consejeros tienen hasta el próximo martes para presentar por escrito sus descargos al informe, en el cual se analizan el origen de su designación y las decisiones adoptadas durante el ejercicio del cargo.

El jueves pasado, la presidenta del organismo, Nubia Villacís, alertó en un comunicado de prensa que la evaluación se dio a base de “subjetividades” y que, a su criterio, se están deslegitimando los procesos electorales desde el 2014 hasta el referéndum y la consulta popular de este año.

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Si se deslegitiman los procesos electorales, dijo ella, se estarían deslegitimando no solo las autoridades elegidas en el 2014 y 2017, sino también al mismo Consejo de Participación Ciudadana transitorio que nace del mandato popular.

El legislador Franklin Samaniego (antes de AP) anunció que su bloque analiza un posible juicio político en contra del CPC transitorio por la “serie de irregularidades en los encargos y designaciones de las autoridades por encima de los mandatos constitucionales”.

Dijo que según el boletín de la presidenta del CNE, está en duda respecto a si hay o no presidente de la República y las designaciones tras la consulta popular, “lo cual contribuye a una inestabilidad jurídica”.

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Henry Cucalón (PSC) dijo que el informe del CPC no deslegitima los procesos electorales sino a los consejeros, y que es “obvio que todos los que estaban en los organismos de control dependían del proyecto político de turno”. (I)