(Actualizado a las 17:35)

El fiscal general del Estado encargado Paúl Pérez solicitó el pasado viernes que se vincule al expresidente de la República Rafael Correa en el proceso donde se investiga el supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda, en agosto del 2012, en Bogotá.

"Solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la audiencia de vinculación con la instrucción fiscal al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado", indica el pedido del fiscal encargado a la jueza Daniela Camacho.

Correa fue mandatario entre 2007 y 2017. Actualmente reside en Bruselas.

El abogado defensor es su ex secretario jurídico, Alexis Mera.

Vea también: César Montúfar pide a Fiscalía investigar a Rafael Correa y Odebrecht por supuesto cohecho

Actualmente son procesados en esta causa los agentes de inteligencia Raúl Ch., Jessica F. y Jorge E., además del exdirector de inteligencia de la Policía, general Fausto Tamayo; y el exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero.

Según la acusación particular de este caso, es decir, Fernando Balda, todos los que hasta el momento han sido vinculados al caso son parte de mandos bajos y medios responsables de su secuestro, pero cree que la orden la emitió Correa, al que acusa de "autoría intelectual".

Desde Bélgica, Correa negó el sábado anterior que haya enviado a Colombia al ex secretario nacional de Inteligencia Rommy Vallejo para perseguir y secuestrar a Balda.

Tras conocerse la solicitud del fiscal, el exmandatario reaccionó en su cuenta de Twitter: "El 'lawfare' en toda su extensión: Jamás podrán probar corrupción. Entonces, ahora tratan de vincularme, sin prueba alguna, en supuesto intento de secuestro en Colombia, ocurrido en 2012, contra un delincuente prófugo de la justicia. ¿Se imaginan el antecedente que están creando?".

El “lawfare” en toda su extensión:
Jamás podrán probar corrupción. Entonces, ahora tratan de vincularme, sin prueba alguna, en supuesto intento de secuestro en Colombia, ocurrido en 2012, contra un delincuente prófugo de la justicia.
¿Se imaginan el antecedente que están creando?

— Rafael Correa (@MashiRafael) 11 de junio de 2018

Pedido a Asamblea para autorizar juicio

Será la Asamblea Nacional el organismo que deberá autorizar el "enjuiciamiento penal" de Correa, en base a los artículos 593 y 594 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados, a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad, en virtud del artículo 120 numeral 10 de la Constitución.

"En aplicación del principio de celeridad y de las garantías del debido proceso, consagrados en los artículos 75 y 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, dado que se encuentra discurriendo el plazo de la instrucción y la misma finaliza el 18 de julio de 2018, remítase atento oficio a la economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de que en un término no mayor a 72 horas, el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento", sostiene la providencia emitida por la jueza Camacho.

COMUNICADO pic.twitter.com/7ec4YZBlU2

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) 11 de junio de 2018

El Parlamento emitió un comunicado en el que se aseguró que estaba a la espera del "ingreso del pedido de la Corte Nacional de Justicia relacionado con la solicitud de vinculación de instrucción fiscal del economista Rafael Correa Delgado, para pronunciarnos".

Las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias, se expresa en el comunicado.

"Como es de conocimiento público, a partir de mayo del 2017 el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de presidente de la República. Por tanto no aplica el Artículo 120 de la Constitución, numeral 10", agregó el pronunciamiento.

.@solbuendia (RC): Se tiene que procesar el pedido de juez para autorizar el juicio penal al ex presidente Rafael Correa por el caso Balda. Es una persecución política. @eluniversocom pic.twitter.com/9p1MbzpUfe

— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 11 de junio de 2018

En cambio, la asambleísta Soledad Buendía dijo que es una persecución política. (I)