El presidente Lenín Moreno entregó ayer a la Asamblea un paquete de 80 reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que, entre otros temas, elimina la Superintendencia de Comunicación (Supercom); la figura del linchamiento mediático y del defensor de audiencias; y los medios públicos con carácter oficial.

Moreno plantea la eliminación de la Supercom en un plazo de 180 días tras aprobarse la reforma; y que todos los derechos y obligaciones constantes en los convenios, contratos o instrumentos internacionales y nacionales, que le correspondían a la Supercom, sean asumidos por la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).

El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, fue el encargado de entregar el documento a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Será el Consejo de Administración Legislativa (CAL), quien defina qué comisión tramitará el proyecto o recomienda la estructuración de una comisión ocasional especializada.

Michelena sintetizó que la reforma del Ejecutivo está contenido en seis ejes: el fortalecimiento y respeto a la normativa internacional y a la Constitución en temas de libertad de expresión; la eliminación de la Supercom; el fortalecimiento de la participación ciudadana; el fomento de la autorregulación de los medios de comunicación públicos y privados; la definición del sistema de comunicación y la delimitación a los medios públicos, privados y comunitarios; y, el traspaso de las acciones de los medios de comunicación incautados por el Gobierno.

Publicidad

Respecto a la supresión de la Supercom, el Gobierno propuso que sea la Defensoría del Pueblo la que otorgue medidas de protección y restitución de derechos, active el patrocinio en acciones constitucionales o solicite el juzgamiento y la sanción ante autoridad judicial competente, cuando una persona se sienta afectada por una publicación en un medio.

Los asambleístas Luis Fernando Torres (PSC) y Sofía Espín (alfarista) fueron los primeros en opinar sobre la reforma planteada.

Torres comentó que no se pueden abrir espacios para que la Defensoría del Pueblo se convierta en una entidad que persiga a los medios de comunicación, por lo que hay que precisar las atribuciones que tendrá ese organismo.

Y Espín afirmó que el Ejecutivo tendrá los votos del PSC, CREO y SUMA, pero dijo que planteará que en el debate participen las víctimas del linchamiento mediático.

 

Servicio Público
El presidente Lenín Moreno solicitará una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre si la comunicación debe ser considerada como un servicio público, tal como lo establece una enmienda que se introdujo en diciembre del 2015, en la Constitución vigente. El pronunciamiento será acatado por el Gobierno y remitido a la Corte Constitucional para dejar sin efecto dicho texto.

Procesos en trámite
Se determina que los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de la Superintendencia de Comunicación que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de estas reformas, concluirán en el estado en que se encuentren. Los servidores públicos de la Supercom, antes de la evaluación de las necesidades institucionales, pasarán a formar parte de la nómina de la Defensoría del Pueblo o del Consejo de Regulación.

Medios incautados
El proyecto incluye una disposición transitoria para la transferencia de las acciones de los medios incautados, con el fin de viabilizar su venta para la recuperación de recursos a favor del Estado. La disposición es que deberá operar la transferencia definitiva de la propiedad accionaria. Andrés Michelena, titular de la Secom, manifestó que esperan que el gerente de los medios públicos presente una propuesta para la venta. (I)