Las islas Galápagos no son ajenas a una problemática mundial: la contaminación del plástico en los océanos.

Hasta abril del 2018, se habían recogido 22 toneladas de basura plástica en su perfil costanero, según datos del Consejo de Gobierno de Galápagos.

Su titular, Lorena Tapia, anunció el inicio de controles para prohibir -dentro del archipiélago- el uso de cuatro objetos plásticos: los sorbetes, las fundas tipo camisetas, los envases de espumafón y las botellas no retornables.

La autoridad explicó que la medida busca evitar que la región insular sea una de las contaminantes del océano, entre otros objetivos.

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Anotó que el 90% de los desechos hallados en las costas de Galápagos provienen de Ecuador continental y de otros países, algunos tan lejanos como las Filipinas.

El plástico se ha convertido en una amenaza para los animales que viven en el mar o se alimentan de sus especies. Pero también hay repercusiones para los humanos.

El experto en ciencias ambientales y docente en la Espol, Gustavo Domínguez, remarcó que el problema con este material es que su degradación puede tomar hasta 500 años, según el nivel de radiación solar al que esté expuesto.

Domínguez citó como ejemplo una botella plástica desechada en el mar. Explicó que al inicio flotará y recibirá los rayos solares, pero que después empezará a hundirse y estará menos expuesta al sol.

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El académico agregó que otro problema con estos residuos es que los animales quedan atrapados en ellos o los confunden con alimento y los ingieren.

La ministra Tapia puntualizó que tales casos se convierten en “un problema de salud humana”, toda vez que las personas se alimentan de ciertas especies del mar que pudieron haber ingerido “minúsculas partes de plástico”.

Un estudio realizado por el Parque Nacional Galápagos y el Centro Científico de Galápagos (GSC, por sus siglas en inglés) detectó piezas de plástico y micro plástico “en 17 puntos de análisis en el mar y 13 en la tierra al nivel provincial”. Así lo recogió el Informe Galápagos 2015-2016, que realizaron el Ministerio de Ambiente, el Consejo de Gobierno de Galápagos y varias ONG. (I)