En una esquina hay una hilera de cuatro esqueletos de casas. Solo son paredes, algunas con cuarteaduras, no tienen techos, tampoco puertas. Pero sí tienen habitantes, porque ellos se alojan en ramadas o pequeñas casuchas de tablas. En las manzanas cercanas hay más esqueletos de casas; hay casas con parte de las paredes caídas y reemplazadas por plásticos; hay otras con techos incompletos.

Así está una parte del barrio Nueva Delicia, tres meses diez días después de que quedara como un campo de guerra luego de la explosión, el 27 de enero pasado, de un carro bomba en la parte posterior del Comando de Policía del cantón esmeraldeño San Lorenzo, en la frontera con Colombia.

Aquella madrugada cambió las vidas en este barrio, ubicado atrás del edificio policial de tres plantas, que quedó con toda su mampostería destruida. Fueron 345 personas, según el reporte oficial posterior, que sufrieron daños en las 69 casas afectadas por la detonación.

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Hubo 28 heridos leves, uno grave con quemaduras en su espalda. Pese a la fuerza de la explosión, no hubo víctimas, pues la población había sido advertida horas antes, según confirmaría tres meses después el entonces ministro del Interior, César Navas, en una entrevista con este Diario.

Ese carro bomba también fue el detonante de una escalada violenta en la frontera norte, atribuida a grupos narcoterroristas de Colombia, entre ellos el disidente de las FARC Frente Olivar Sinisterra, liderado por alias Guacho. El secuestro y asesinato de tres integrantes de El Comercio, un bombazo que mató a cuatro marinos, el secuestro de una pareja ecuatoriana son algunas consecuencias. Por ello rige en la zona el estado de excepción y con toque de queda.

Frente a la esquina del Comando Policial hay unos terrenos baldíos, ya con monte crecido. Ahí estaban casas que resultaron destruidas. Tres solares después está la vivienda semidestrozada de Martha Cedeño. Tiene paredes cuarteadas y la mitad del techo. Fue la primera en regresar de la casa parroquial a donde fueron a parar los damnificados. Posee una pequeña tienda y vende en medio de la destrucción.

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“Vivo de esto y no tengo un trabajo fijo. Con esto le doy de comer a mis hijos. El alcalde (Gustavo Samaniego) dijo que consiga un local y que pagaría dos meses el arriendo, pero fue ofrecimiento”, dice. La sala, cocina y dos dormitorios están abandonados y hasta con parte de los enseres destruidos. Solo vale el local de la tienda, donde hay un espacio para colocar un colchón. “Mis hijos duermen en otro lado, con mi esposo pasamos las noches aquí para cuidar las cosas”, dice. Como ayuda recibió raciones alimenticias.

El Gobierno ofreció la reconstrucción de las viviendas con el programa Casa para Todos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y hasta se analizaba la reubicación de los afectados. El Municipio debía levantar un informe de todos los daños.

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Pero la espera sigue. En las paredes hay unos números que, según los afectados, fueron puestos luego de la inspección. Freddy Cantos, en cambio, debió derrocar toda su vivienda. Hoy reside en una casucha de tablas, al fondo del solar.

Su vecina Dionisia Arroyo colocó plásticos para tapar los huecos de dos paredes caídas. El techo también está semidestruido y sus enseres los tiene acumulados en un sector, para evitar que se dañen por las lluvias. “Dijeron que ya van a venir a arreglar y ya son más de tres meses. Espera y espera y nada, yo entregué todos los papeles que pidieron”, asegura.

Neri Baldemar Valencia es otro afectado. Su vivienda también tiene paredes rotas y el techo despedazado la mayor parte. Quienes perdieron totalmente su casa y no pudieron levantar aunque sea una ramada en el mismo terreno, se alojan y esperan donde familiares. (I)