El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición atraviesa un proceso de evaluación y optimización de personal, y a un mes y medio de funciones cesó a unos 90 funcionarios, e incorporó a 20 personas en cargos de nivel jerárquico superior, cuyos salarios varían entre $ 2.000 y $ 4.000.

Hasta febrero el organismo contaba con 411 servidores, y se conoció que unas 90 personas fueron cesadas, sus contratos eran de servicios ocasionales.

El miércoles pasado, el CPC aprobó una disposición para proceder con la “evaluación y optimización del personal, incluidas las delegaciones provinciales”, y así contribuir al plan de austeridad, que ordenó el presidente Lenín Moreno.

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Las principales secretarías de la entidad, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Participación y Control Social están a cargo de María de Lourdes Arboleda y Mateo Martínez, respectivamente. La primera es parte de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y solicitó licencia mientras ocupa tal función. El segundo se desempeñó en la Universidad Nacional de Educación, y a inicios del gobierno de Rafael Correa fue asesor en el extinto Ministerio de Gobierno.

Del nuevo equipo, diez ocuparon cargos en ministerios, el Consejo de la Judicatura (CJ), el Consejo Electoral, Petroecuador.

La coordinación de Relaciones Internacionales está a cargo de Juan José Morillo, que en el 2011 fue parte de la comisión ciudadana de selección, que designó a Galo Chiriboga como fiscal de la Nación. Laboró en la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Consejo de la Judicatura.

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Como subcoordinador de Transparencia se posesionó a Gustavo Palacio Urrutia, hermano del expresidente de la República, Alfredo Palacio.

La subcoordinación de Patrocinio está a cargo de Bayron Pacheco, quien se ha desempeñado como fiscal y abogado en el Consejo de la Judicatura.

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Blanca Velásquez, militante de Pachakutik, asumió la coordinación de Interculturalidad; la de Comunicación, Estefanía Páez, exservidora del Consejo de la Judicatura y administradora de una empresa privada que organiza eventos públicos. Otro servidor como Giovanny Ortiz estará a cargo del departamento de Talento Humano, antes ha estado en los ministerios del Deporte, Educación y de Inclusión Económica y Social, y en la Judicatura.

La secretaría general la asumió Darwin Seraquive, abogado de la Comisión Anticorrupción y hombre de confianza del presidente del CPC, Julio César Trujillo, que es también coordinador de la agrupación ciudadana. Los dos pidieron licencia. Al igual que Verónica Acosta y Noemí Mogollón, asesoras directas de Trujillo y que también están vinculadas a la CNA. (I)