Representantes de los ministerios del Ambiente, Justicia y Derechos Humanos e Hidrocarburos conformarán la comisión que se encargará de implementar los resultados de la consulta popular en el tema del Parque Nacional Yasuní.

La pregunta 7 planteó que se reduzca el área de explotación petrolera en la zona de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas, y que se amplíe la intangible vedada a la actividad extractiva al menos 50 mil hectáreas.

La Comisión, que estará presidida por el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, tendrá que elaborar informes para ambas temáticas.

En el segundo caso, el documento será vinculante y la Secretaría Jurídica de la Presidencia se encargará de comunicárselo a la Presidencia de la Asamblea, organismo que aprobó en el 2012 la Declaratoria de Interés Nacional, que dio paso a la explotación del Yasuní.

El grupo tiene un plazo de 120 días para redactar los documentos; el presidente dispuso que esta invite a organizaciones sociales y otros actores relevantes que aporten con información que permita elaborar la nueva delimitación de la zona intangible en la que habitan los llamados pueblos en aislamiento voluntario, como los tagaeri y taromenane.

Benito Bonilla, vocero de YASunidos, indicó que la comisión debería tener en cuenta, sobre todo, los criterios de los pueblos indígenas waorani y zápara, pues sus territorios colindan con la delimitación de la zona intangible, además de otros grupos de la sociedad civil y académicos. (I)