El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer que pedirá al Senado el cese del Gobierno catalán de Carles Puigdemont y poder convocar a elecciones regionales máximo en seis meses, para impedir una secesión unilateral y “recuperar la normalidad”.

Rajoy anunció su intención de conseguir el “cese del presidente de la Generalitat (Ejecutivo) de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el consejo de gobierno”, en un Senado en el que su Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.

“La idea”, añadió Rajoy, es que “los ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo que dure esta situación excepcional”.

Además, el jefe del Gobierno pidió la potestad de disolver el Parlamento catalán, una competencia actualmente en manos de Puigdemont, para “convocar a elecciones en un plazo máximo de seis meses.” Los últimos comicios fueron en septiembre de 2015 y arrojaron una mayoría secesionista.

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“Este es un proceso que ha sido unilateral, ha sido contrario a la ley, y ha buscado el enfrentamiento”, sentenció Rajoy, culpando a los independentistas de la crisis. Estos, en tanto, respondieron primero con un cacerolazo espontáneo y con una marcha de 450.000 personas, ya programada por la liberación de dos organizadores del referendo independentista, pero que tras las declaraciones se tornó en pro de la secesión.

En la marcha participó Puigdemont, quien horas después respondió a Rajoy diciendo que su acción se sitúa “fuera del Estado de derecho”. Además pidió al Parlamento catalán convocar a un pleno para debatir sobre lo que llama un intento de liquidar su autogobierno y para “actuar en consecuencia”.

También indicó que era el “peor ataque” a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco y acusó al Estado de tener un “propósito liquidador”.

Esta semana, Puigdemont había amenazado con una proclamación unilateral de independencia si se aplicaba el artículo 155. Si él diera el paso de proclamar la independencia unilateralmente, la Fiscalía General del Estado “formularía una querella” por un delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, advirtió una fuente de ese organismo.

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El Senado deberá a fines de mes aprobar el uso de estas medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución –nunca usado de pleno en 40 años de democracia– y tendrá la posibilidad de sugerir cambios al plan. En ese trámite en el Senado, de una semana aproximadamente, Puigdemont tiene hasta el martes por la tarde para presentar alegaciones.

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El vicepresidente regional catalán, Oriol Junqueras, estimó que “el PP (y sus aliados) no han suspendido solo la autonomía. Han suspendido la democracia”.

La decisión es lo más polémico en los cinco años de pulso por las aspiraciones independentistas en Cataluña, la peor crisis de España en 40 años.

Sin embargo, según Rajoy, con su acción “no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña”, sino que “se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley”. (I)

Elecciones
Según una encuesta publicada por el diario catalán El Periódico, el 68% de los catalanes aboga por unas elecciones para buscar una solución.

En tanto que al 36,1% le gustaría finalizar el proceso con la independencia y otro 46,1% con un acuerdo que les dé más autonomía.

El analista Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, dijo que las medidas “son muy duras” y que con ellas Rajoy pretende “recuperar la agenda”, tras haber dejado hasta ahora en manos de la justicia la respuesta al avance independentista.