El grupo ecologista Yasunidos presentó ayer ante la Corte Constitucional una solicitud para aclarar cómo ha de entenderse la pregunta de la consulta popular sobre el Yasuní.

Esa interrogante planteada por Moreno dice: ¿Está de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

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Ramiro Ávila, uno de los abogados que respalda a Yasunidos, dijo que si bien Moreno manifiesta su intención de proteger los pueblos en aislamiento, la pregunta es ambigua pues no precisa ni cuándo ni cómo se comprenderán las hectáreas que son para la protección y para la explotación.

Agregó que es necesario que la interrogante tenga un anexo. A su criterio es importante que se designe una comisión para determinar las áreas que son de explotación y las que son de protección.

Según el abogado, el siguiente paso es que la Corte designe un juez ponente. Aspira a que en una audiencia puedan explicar su postura. (I)