DICARO, ORELLANA

Ompure tenía clavadas casi media docena de lanzas de unos tres metros de largo en su espalda y pecho. Buganey, su esposa, había sido lanceada también en el pecho y una de estas cruzaba de la garganta a la boca. El ataque a la pareja de ancianos waoranis se dio en un sector de la comunidad Yarentaro, en la selva del Yasuní, en Orellana. Era el 5 de marzo de 2013 y sus familiares y vecinos los hallaron poco tiempo después del ataque, que lo atribuyeron a los taromenanes, indígenas no contactados.

El lanceamiento motivó la acostumbrada venganza. El 24 de marzo de ese año se reunieron 17 waoranis de Dicaro, Yarentaro y otras comunidades y se internan en la selva. Casi una semana después, el día 30, localizaron una choza taromenane y atacaron a sus ocupantes. Son versiones recogidas por la Fiscalía y hasta por los autores del libro Una tragedia ocultada, que refieren que allí se habría producido una matanza. Se mencionó de 18 y hasta 80 muertos con armas de fuego y lanzas. Los atacantes se llevaron consigo a dos niñas, de seis y dos años y medio.

La sangre teñía una vez más la selva amazónica ecuatoriana. Pero este hecho marcaría un antes y un después en esta histórica guerra tribal, que ha significado durante casi media década sucesivas matanzas entre los evangelizados waoranis y los no contactados taromenanes y tagaeris, así como de religiosos, colonos, madereros y hasta petroleros.

Publicidad

Los 17 supuestos atacantes fueron procesados por la Fiscalía; seis de ellos fueron apresados y liberados ocho meses después, con un auto de sobreseimiento provisional. Hoy, cuatro años después, este Diario accedió a Dicaro y Yarentaro, donde los procesados denuncian supuestos engaños y maltratos cuando estaban presos; dicen que el ataque no produjo tantos muertos, que fue entre tribus. Rechazan ser juzgados por la justicia ordinaria.

Los waoranis ancestralmente eran conocidos como guerreros y tenían sus orejas perforadas.

Sus abogados, en cambio, cuestionan el proceso penal y denuncian que aquel y otros hechos que se dieron en esa época, también en otras comunidades, fueron una forma de presión e intimidación del gobierno de Rafael Correa para ingresar a explotar el petróleo en el Yasuní, donde ahora ya opera un campo en aquel hábitat de las tribus contactadas y no contactadas y Reserva Mundial de la Biosfera.

Correa, en su enlace 316, del 6 de abril de 2013, se refería al ataque de Yarentaro como una venganza tribal y que todo era confuso. “Nada tiene que ver con las petroleras, es una venganza entre clanes… Están politizando el tema hasta la Conaie”, decía, y culpaba a la prensa de magnificar el hecho. Ya en el enlace 340, del 21 de septiembre, el entonces presidente hablaba de la presentación del plan para explotar el Yasuní y no dejar el petróleo en tierra, como era su propuesta inicial.

Pero en el enlace 350, del 30 de noviembre de 2013, Correa comentó el apresamiento de seis waoranis acusados de la matanza. Ahí decía que la Fiscalía se había demorado demasiado. Los sospechosos son waoranis, o sea contactados, y “nadie puede estar por encima de la ley”, señalaba.

Pero Orengo Tocari, uno de los 17 procesados y que habla bien el español, indica que tres waoranis de otras comunidades y que colaboraban con la Fiscalía los engañaron. “Dije que matamos a unos tres y (cita el nombre de un waorani) me dijo, dirás al fiscal que fueron bastantes, para que tengan miedo y te respeten… Pero solo fueron tres los muertos, uno era niño… A las dos niñas las trajimos porque se quedaron sin padres, porque debíamos cuidarlas”, señala.

Publicidad

Apresados

Seis de los inculpados habían sido citados a una reunión en Coca, donde llegaron el 25 de noviembre y fueron alojados en un hotel. La Policía los apresó al día siguiente. Pasaron en Coca 15 días y fueron llevados a la cárcel de Lago Agrio, de donde recuperaron su libertad el 16 de septiembre de 2014. La liberación se dio luego de que el Juzgado de Garantías Penales de Orellana declarara el sobreseimiento provisional en un proceso que empezó por genocidio y luego varió a homicidio.

DICARO, Orellana. Caiga Baihua conserva las huellas de picaduras de mosquitos que sufrió en la cárcel.

Orengo, con una lanza en su mano, que la empuña junto a sus compañeros mientras las mujeres cantan en idioma wao, exige que la audiencia de apelación del sobreseimiento, pedida por la Fiscalía, se dé en su comunidad. Ya la Corte Constitucional aprobó que esta no se dé en Coca o Quito. Orengo muestra como argumento las cicatrices de Caiga Baihua por picaduras de mosquitos en la cárcel de Lago Agrio.

Lea también: Prisión a 6 huaoranis por caso presunta matanza taromenane

Andrés Acaro, abogado de 15 de los 17 procesados, refiere que “más allá de buscar una investigación, o de reprimir o castigar un hecho nocivo, lo que se pretendió es callar a lo que significa, significaba y puede significar una oposición férrea a la explotación del ITT (campos Tiputini, Ishpingo y Tambococha, en el Yasuní)”.

“Una vez callada la voz de la selva; una vez callados, detenidos y apresados, el Estado tuvo toda la libertad para explotar el petróleo como se está haciendo”, dice. Esto se da en días en que el actual presidente Lenín Moreno alista una consulta popular, en la que colectivos han pedido que se incluya la pregunta de si se debe o no seguir explotando el Yasuní. (I)