Acusados presentan sus pruebas en la audiencia de Petroecuador

Luego de 45 minutos de alegatos finales dentro de la audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho, el fiscal Juan Carlos Zúñiga insistió ayer en su acusación contra 13 personas como autores, entre ellas los exgerentes de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, y cinco personas más como coautores del supuesto ilícito que habría ocurrido al interior de Petroecuador, entre el 2012 y el 2016.

A la acusación que traería penas que van de tres a cinco años, Zúñiga le sumo la solicitud al Tribunal Penal de Pichincha de que se dé una reparación integral por los daños materiales e inmateriales que se ha causado por este delito. El fiscal pidió que sea Petroecuador, como acusadora particular y víctima, quien defina los valores de la reparación.

El fiscal Zúñiga dividió en dos grupos a los autores directos del delito de cohecho. A Pareja Yannuzzelli, Bravo y los exasesores petroleros Arturo E. y Paquita de M. los encasilló dentro de un cohecho activo; mientras que a nueve, en mayoría contratistas de Petroecuador, los señaló como parte de un cohecho pasivo.

Según Fiscalía, los exfuncionarios petroleros habrían recibido, aceptado y concedido contratos y los contratistas entregaron dineros a través de empresas off shore en Panamá. Todos fueron señalados como culpables del artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de cohecho, pero a los primeros se los ubicó dentro del primero y segundo inciso de esta norma, y a los segundos dentro del cuarto inciso del mismo artículo.

Juan Carlos Paredes, abogado de Petroecuador, aseguró que se ha comprobado la infracción penal y el nexo causal de los procesados en un delito que, a su decir, ha afectado la eficiencia de la Administración Pública. Fue claro en señalar que no se ha corroborado la falsificación de documentos para crear cuentas de la que habló Bravo en su versión.

Respecto a la reparación integral, Paredes no adelantó una cifra específica, sino que explicó que cualquier indemnización estaría entre las cifras que se han señalado dentro de la audiencia como dineros ubicados en cuentas y montos totales de los contratos que habrían sido entregados dentro del ilícito. La banda en la que se movería la reparación estaría entre los $12'604.979,56 y los $258'636.956,13.

Entre los señalados como coautores están los tres familiares de Bravo (la esposa, la madre y el padrastro) y el hijo y la hermana de Pareja Yannuzzelli. Los tres primeros son procesados por Fiscalía por conformar los directorios de las empresas off shore Girbra, Capaya y Escart; mientras que los segundos por haber sido beneficiarios de dineros del ilícito.

Niegan coimas

Como un documento que no tiene “la seriedad del caso” calificó Lorena Grillo, defensa de Javier B., al Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROI), de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha sido la “prueba madre” para esta causa. Según Grillo, en el interrogatorio que hicieron a los dos testigos de la UAF, ellos habrían indicado que el documento “no es ninguna acusación”.

Respecto de que todas las defensas de los procesados prescindieron de los testigos convocados para la audiencia, Luis Fernández, abogado de Sonia C., explicó que lo hicieron por la ineficacia de la prueba testimonial presentada por la Fiscalía.

“Todos los testimonios (de Fiscalía) no hacen relación en lo absoluto con la participación de ningún procesado”, dijo.

El gerente de la contratista OSS, Javier B., y la exasesora de Refinación, Paquita de M., ingresaron ayer sus pruebas.

La defensa de Javier B. reconoció que OSS firmó contratos con Petroecuador, pero negó que haya existido la entrega de "coimas" o que tenga cuentas en bancos señalados en el proceso; mientras que los abogados de Paquita de M. deslindaron cualquier relación de su cliente con cuentas de la offshore Escart. (I)

Caso
Tribunal

Análisis
Al cierre de la edición se desconocía si el tribunal, presidido por Daniel Tufiño, emitiría al final de esta fase su sentencia o se tomaría un tiempo para analizar su resolución, la cual sería la primera dentro de 24 investigaciones abiertas en el caso.