Hay cinco frentes de tensión minera entre indígenas y Gobierno

Cinco de dieciséis proyectos de extracción de minerales metálicos son “focos de tensión” entre las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional.

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero constan dieciséis proyectos y reservas mineras; de ellas cinco son consideradas como prioridad para “incentivar su desarrollo”. Se trata de Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y San Carlos-Panantza.

En las comunidades cercanas a este último, ubicado en Morona Santiago, hubo enfrentamientos entre indígenas de la nacionalidad shuar y fuerza pública para impedir la intervención minera de la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA), porque consideran que estos territorios son “ancestrales”.

También a causa de la extracción minera, en septiembre del 2015, pobladores de la parroquia Tundayme, en Zamora Chinchipe, denunciaron desalojos de sus viviendas para que la china Ecuacorriente (ECSA) inicie sus labores en Mirador.

En otros proyectos, como en Loma Larga, en Azuay, se oponen líderes indígenas como Carlos Pérez Guartambel, de la Ecuarunari, quienes temen afectaciones a las fuentes hídricas. En este, incluso, hay dos pedidos de consultas para que la población decida si quiere o no la minería a cielo abierto.

La misma preocupación existe en organizaciones sociales por el proyecto Río Blanco, también en Azuay.

En la comunidad Intag (Imbabura), los comuneros agrupados en el Consejo de Comunidades Libres de Minería también se oponen a la extracción de oro por la chilena Codelco, a través del proyecto Llurimagua.

Severino Sharupi, vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), explicó que la oposición a la extracción se da porque el régimen “incumple” con requerimientos legales nacionales e internacionales como la realización de una “consulta previa e informada”.

Además, dice, “se ingresa a territorios indígenas a la fuerza, y se concesionan anticipadamente las tierras”.

“En el Ecuador, la única provincia que está libre de minería metálica es Tungurahua, pero en las restantes se afecta a los territorios indígenas”, recalcó.

Según Gloria Chicaiza, dirigente de Acción Ecológica, en proceso de disolución, el reclamo es porque “los están despojando de su territorio de forma violenta, sin que haya una restitución de sus formas de vida. Les molesta que haya explotación que amenaza su vida”.

Para Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “la minería en ninguna parte del mundo se ha implementado de manera pacífica. Han sido a costa de despojos, desalojos de campesinos de territorios originarios. Los proyectos se imponen con violencia, y Ecuador no ha sido la excepción”.

El presidente de la Cámara de Minería, Rodrigo Izurieta, comenta que, al momento, en Íntag, gracias al trabajo de Codelco, existe una buena relación con la comunidad. Aunque reconoció que existen conflictos en Quimsacocha, pero lo atribuyó a las posiciones políticas del sector.

Desde el lado del oficialismo, la legisladora, Pamela Falconí, miembro de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, estas son posturas absolutistas. “Son posturas políticas que crean caos, violencia. (Quienes protestan) jamás han pedido ser recibidos en la Comisión. No nos consta que se esté realizando actividad minera en territorios ancestrales”. (I)