El procurador Diego García pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) que investigue qué funcionarios judiciales generaron la “denegación de justicia” que sustentó el laudo en el caso Chevron II, por el cual Ecuador fue obligado a pagarle una indemnización de $ 112 millones a la petrolera. Dicho pago se realizó una vez que las comunidades amazónicas que tienen un juicio privado con esta levantaron un embargo a los recursos que recibiera. En esto, según García, no tuvo ninguna injerencia la institución.