El procurador Diego García pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) que investigue qué funcionarios judiciales generaron la “denegación de justicia” que sustentó el laudo en el caso Chevron II, por el cual Ecuador fue obligado a pagarle una indemnización de $ 112 millones a la petrolera. Dicho pago se realizó una vez que las comunidades amazónicas que tienen un juicio privado con esta levantaron un embargo a los recursos que recibiera. En esto, según García, no tuvo ninguna injerencia la institución.

¿Por qué se perdió el caso? ¿Falló la Procuraduría?
Ecuador se defendió adecuadamente. La decisión dependió de los árbitros, que han buscado proteger al supuesto inversionista. Se obtuvieron resultados importantes porque el laudo final se redujo de $ 698’621.904,84 a $ 96’355.369,00; es decir, 86%. Esto acogiendo la tesis del Ecuador sobre el impacto de la legislación tributaria sobre la indemnización. En el arbitraje, el Estado sostuvo que las demandas de Chevron no estaban amparadas por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, porque este entró en vigencia en el 1997, cuando Texaco ya no estaba en el país. Sostuvo que la sola demora en casos específicos no reunía los requisitos del estándar de denegación de justicia y que un Tribunal no podía asumir la función de juez ecuatoriano y resolver por ellos. Sin embargo... el Tribunal decidió que podía resolver sobre esas reclamaciones interpretando equivocadamente que el TBI contenía un estándar de protección diferente...

¿Cómo se aplicaría la repetición ahora?
(...) Por tratarse de operadores de justicia, la Procuraduría ha solicitado al Consejo de la Judicatura una investigación para determinar la identidad de los presuntos responsables.

¿Qué otros procesos están pendientes con Chevron?
Aún está en trámite Chevron III, iniciado por la petrolera en el 2009 a base del mismo TBI, en el que pretende que el Tribunal declare que por los Contratos de Transacción y Liberación de Responsabilidad de 1995 y 1998, esta no tiene ninguna responsabilidad sobre los efectos al medio ambiente y la salud generados por su operación, ni debe realizar remediación alguna, y que Ecuador se haga responsable de cualquier resultado adverso en el juicio de Lago Agrio (el privado). Al contrario de lo que sucedió en RICO (el caso en el que una Corte de EE.UU. determinó que el fallo de Lago Agrio habría sido fraudulento) donde el Estado no fue parte, en este arbitraje ha incorporado evidencia que desbarata la teoría de fraude de Chevron como las pericias de las computadoras del juez Nicolás Zambrano, en donde se llega a la conclusión de que el único lugar en donde se encontraron partes del proyecto de la sentencia fue, precisamente, en esas computadoras. También la versión del exjuez Alberto Guerra que prueban que sus declaraciones respondían a su interés de vivir el “sueño americano” pagado por Chevron... Y a través de una auditoría, probamos la contaminación de Texaco que los árbitros observaron en una visita en el sitio. (I)