Con base en un oficio reservado de la Secretaría del Tesoro Nacional, el Ministerio de Finanzas destinó $ 120 millones recaudados por la Ley de Solidaridad al manejo integrado de la liquidez del sector público.

La ley fue creada para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaude entre los contribuyentes nuevos impuestos que servirían para la reconstrucción y reactivación de las provincias devastadas.

Según Finanzas, con los $ 120 millones “ha venido pagando a las empresas o personas naturales proveedoras de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas”. No aclaró si se trata de deudas con contratistas que estaban impagos antes del terremoto.

Para Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, con esto el Gobierno quiere enfrentar el problema de iliquidez en la caja fiscal. La pregunta es, según él, si esa práctica será transitoria o si seguirá haciéndola hasta sobrepasar la dificultad.

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Agregó que, precisamente, para asegurar que los fondos sean destinados a los damnificados del sismo es que se propuso la creación de un fondo especial, manejado con independencia del Gobierno.

La ley estableció que Finanzas abra una cuenta específica para los fondos recaudados y que publique su manejo en su página web. Ahí consta la transferencia de los $ 120 millones.

Según ese registro, hasta ayer se ejecutaron $ 151,69 millones; el 79,1% se destinó a la liquidez del sector público.

Ese monto contrasta con lo destinado a otras áreas. Según las cifras del Ministerio, de la cuenta específica de la Ley de Solidaridad salieron $ 13,9 millones para dar bonos para la construcción y reconstrucción de viviendas.

Esos incentivos corresponden al Plan Reconstruyo, ideado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). El proyecto consiste en otorgar hasta $ 4.000 para la reparación de casas, $ 10.000 para la construcción de viviendas situadas en terrenos urbanizados por el Estado, un valor igual para la construcción de casas en terrenos pertenecientes a los beneficiarios y $ 9.000 para familias que tengan acceso a un crédito hipotecario.

Según Finanzas, las empresas privadas que más fondos han recibido son Cubiertas del Ecuador Ku-Biec S.A., que obtuvo $ 1,95 millones para la construcción de 249 viviendas en Esmeraldas, y Materiales Prefabricados para la Construcción Mapreco Cia. Ltda., que obtuvo $ 1,57 millones para edificar 200 casas en Manabí.

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De otra parte, los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Manabí recibieron $ 5,27 millones; mientras que los de Esmeraldas, $ 2,8 millones.

Ecuador Estratégico obtuvo $ 6,03 millones. El 26 de abril pasado, el presidente Rafael Correa reformó los estatutos de esta institución para que se haga cargo de la reconstrucción y reactivación de zonas afectadas por desastres naturales.

Dos días después, esta empresa pública declaró una emergencia para poder contratar directamente, sin concurso, convenios de obras, bienes y servicios para atender la catástrofe. En el portal de Compras Públicas aún no está disponible ningún contrato.

Por último, de acuerdo con las cifras de Finanzas, se sacaron de la cuenta específica $ 3,69 millones para devolver recursos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

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Finanzas explicó que, al inicio, la cuenta de la Ley de Solidaridad no tenía los fondos necesarios para asignar presupuesto a los gobiernos locales de Manabí y Esmeraldas. Por esa razón, agregó, la Cuenta Única del Tesoro Nacional le dio liquidez temporal.

Esos fondos ingresaron el 20 de junio y fueron devueltos cuatro días después. (I)

Crédito
BID

$ 160 millones
De los $ 300 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a Ecuador para contingencias naturales, se han activado $ 160 millones por el terremoto.

Gastos emergentes
El dinero se usó en albergues, generadores eléctricos, servicios y otros.