Desde el 30 de mayo último, la conserje María Lozano y el comunicador Amable Angamarca se han convertido en las caras visibles de un proceso legal por supuestamente paralizar un servicio público en Loja, en agosto del 2015, no solo por ser los primeros sentenciados, sino también por recibir una pena de cuatro años de cárcel.

Tras casi nueve meses de juicio por los hechos generados en una protesta indígena en Saraguro, el Tribunal Penal de Loja encontró como culpables a ambos, mientras que a otros ocho los dejó en libertad.

Inicialmente, 35 indígenas fueron detenidos en las protestas. Solo contra 31 empezó un proceso judicial como tal. Menores de edad y discapacitados fueron liberados.

En noviembre del 2015, durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal del caso llamó a juicio a diez personas, entre ellas los ahora sentenciados, y se abstuvo de acusar a los 21 restantes. Días después, al ser revisada esta decisión por el fiscal provincial, se sobreseyó a 2 personas y ratificó la acusación para 19. Quedaron 29.

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Luis Guamán, abogado de los sentenciados, dice no entender en qué se basó el Tribunal para castigar a sus clientes con la sanción máxima de tres años que se da para este tipo de delitos, incluyendo, además, un tercio de la condena por supuestos agravantes, es decir, cuatro en total. Para él no hubo diferencia en las pruebas presentadas en la audiencia como para que se absuelva a ocho y se acuse a dos.

La sentencia y el proceso seguidos en este caso han sido ‘desproporcionados’, opinó Nelson Atupaña, asesor legal de la Fundación para los Derechos Humanos (Inredh).

Atupaña consideró ‘alarmante’ el que la justicia ordinaria haya continuado con su proceso, pese a que existió una sentencia de inocencia a favor de todos los involucrados emitida, en septiembre del 2015, por la justicia indígena en Saraguro.

Lozano ha insistido en que a ella la detuvieron por proteger a una mujer embarazada que aparentemente era maltratada por policías. Angamarca no ha negado haber estado en la protesta, pero ha aclarado que hacía era la cobertura.

El fiscal provincial de Loja, Rodrigo Galván, señaló que durante el juicio se logró demostrar que los sentenciados “estuvieron en el lugar de los hechos, protagonizando esta obstaculización de servicios”.

Días atrás, en un comunicado, el defensor público, Ernesto Pazmiño, criticó la desigualdad en las penas que emiten los jueces en Ecuador, pues para casos como el de los saraguros la sanción es de cuatro años por paralizar un servicio público, mientras que para casos de notoriedad pública las penas han sido “suaves”, como la de un año en el caso por lavado de activos en el denominado FIFA-Gate; ocho meses en el caso que investiga la entrega irregular de pases policiales; tres meses de cárcel por peculado para un exministro del Deporte...

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“No se trata de defender la impunidad, sino de exigir proporcionalidad en las penas”, aclaró Pazmiño.

Los sentenciados llevaron su caso, el pasado lunes, al representante de las Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorilla, quien se comprometió a exponerlo en Ginebra, en las sesiones de julio próximo. También harán plantones. (I)

Amnistía
Protestas

Pedido a Asamblea
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) planteará en la Asamblea la amnistía y el archivo de todos los procesos judiciales relacionados con la protesta social.

Cifras
Según sus cifras, en Ecuador existen 41 personas sentenciadas por protestar, 122 procesos en marcha y 700 perseguidos políticos.