Para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. Al igual que los refugiados, huyen de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o desastres naturales, solo que en lugar de cruzar fronteras internacionales por seguridad y protección, permanecen en su país.

Es el caso de las 30.223 personas que en Ecuador han sido obligadas a dejar su hogar tras el terremoto que el pasado 16 de abril azotó principalmente a Manabí y Esmeraldas.

Para garantizar la protección y asistencia de los desplazados internos desde el punto de vista de los derechos humanos, la ahora disuelta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció en 1998 unos principios rectores. Si bien no son jurídico vinculantes, fueron reconocidos en 2005 por jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial de la Asamblea General de la ONU; y en 2008, por medio de una resolución, se instó a los estados miembros a utilizarlos como base en sus planes, políticas y programas de apoyo para abordar estos casos.

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Uno de estos principios es que las autoridades tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos y que estos, a su vez, tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades.

También instan a los gobiernos a asegurar, en la mayor medida posible, de que se facilite alojamiento adecuado a las personas afectadas, de que el desplazamiento se realice en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separe a los miembros de una familia.

Y establecen que los desplazados tienen derecho a un nivel de vida adecuado, por lo que las autoridades deben suministrarles alimentos, agua potable, cobijo, alojamiento, vestimenta y servicios médicos y de saneamiento.

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Tras el terremoto, los damnificados ecuatorianos se han distribuido en refugios y albergues gubernamentales y particulares, esos barriales o familiares de formas erróneas e irregulares que los afectados han levantado con lo que han rescatado de entre los escombros o con lo que les ha sido entregado de manos solidarias.

En la Normativa para aplicación de estándares de ayuda humanitaria en emergencia para alimentos, cocina, hogar y limpieza, presentada en 2011 por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se exponen ambos conceptos. Un albergue es un espacio adecuado o improvisado provisto de equipos, muebles, accesorios e insumos necesarios para el trato digno de los damnificados. Mientras, un refugio es una extensión de tierra donde se establecen asentamientos a través de tiendas de campaña, carpas, y donde se deben considerar las condiciones sanitarias que garanticen la salud comunitaria.

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En relación con los albergues (no se habla de refugios) del Gobierno que se implementaron en respuesta al terremoto, un video de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) indica que cuentan con servicios de agua y luz las 24 horas del día, áreas comunales, letrinas, comedor, área de frigorífico y cocinas industriales. Y que están dotados de lo necesario: colchones, sábanas, frazadas, toldos, insumos de aseo y alimentos diarios.

Las condiciones de los albergues y refugios particulares, que se han levantado en sitios como patios de escuelas, explanadas, solares vacíos o al pie de iglesias y casas desalojadas, las conocen personas como Manuel Avilés, fotógrafo guayaquileño que ha visitado a los del cantón Jama, en Manabí, para llevar donaciones con amigos. Avilés cuenta que la gente se ha acomodado en carpas tanto en la ciudad como a los costados de las vías, donde hay “bastantes chocitas de plástico negro”.

En Tasaste, más cercano a Pedernales, se topó con un refugio que padres y madres habían creado para proteger a sus hijos: unos 45 niños. En Puerto Cabuya, en cambio, las familias no se refugiaban debajo de carpas improvisadas sino en las casas que, aunque afectadas, siguen en pie tras el terremoto. “Dormían ahí, ponían un plástico y dormían”, recuerda.

Su amigo Ernesto Farra, también miembro de su grupo de ayuda, cuenta que en Jama y El Matal vio que mucha gente se ha organizado por cuenta propia a falta de ayuda gubernamental, y que los niños no están recibiendo la debida atención. “El sábado posterior al terremoto estuvimos ahí con víveres, agua, medicinas, llevamos doctores, pero pudimos ver que el tema de los niños estaba un poco descuidado... Nos pedían mucho juguetes, algo que los alegre, entonces el grupo regresó a eso, enfocado 100% a los niños”, afirma.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que un refugio es el sitio dentro o cercano al hogar, centro de trabajo o comunidad hacia donde las personas se mueven cuando ocurre el desastre y puede ser personal o colectivo. Los albergues, en cambio, son lugares públicos tales como escuelas, edificios institucionales o centros comunales, que se acondicionan para recibir a las personas evacuadas por cortos periodos de tiempo.

La OPS añade que en los albergues colectivos puede ser difícil vivir dado que conviven muchas personas, por lo que recomienda cooperar con los administradores de la instalación y sus colaboradores.

Este es precisamente uno de los desafíos en el albergue instalado en la pista del antiguo aeropuerto Reales Tamarindos, en Portoviejo. Un militar del Cuerpo de Misiones de Paz de Naciones Unidas de las Fuerzas Armadas del Ecuador, grupo encargado del espacio, explica que a diario deben organizar a las más de 1.000 personas que allí se alojan e intentar hacer cumplir las normas de convivencia comunitaria. “Si nos ayudan con el cumplimiento de estas normas permitirá que haya un mayor respeto”, sostiene.

El chileno Alejandro Aravena, quien el mes pasado recibió el premio Pritzker –equivalente al Nobel de Arquitectura– también ha dado sus recomendaciones. Al ser consultado por BBCMUNDO.COM sobre la reconstrucción de Ecuador tras el terremoto, Aravena refirió que al instalar refugios o viviendas de emergencia se debe considerar tener espacios colectivos para la repartición de agua, organizar una cocina comunitaria “para que no sea cada familia la que deba cocinar” y que los baños sean para grupos familiares. “Lo ideal es organizarlos en puñados de 15 a 20 familias. Más allá de ese número se pierde el control y el acuerdo social, y es más difícil garantizar la calidad de los servicios”. (I)

Terremoto
Grupos vulnerables

Principio internacional
Naciones Unidas ha establecido que los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y los adultos mayores tienen derecho a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.