La Corte Constitucional (CC) acumuló, en un solo proceso, cinco de seis demandas planteadas por sectores sociales y políticos a la Ley para la Justicia Laboral. La audiencia para que las partes presenten sus alegatos está convocada para el 1 de marzo próximo.

El articulado, que se aprobó en abril del 2015, eliminó el aporte obligatorio del 40% por parte del Estado para las pensiones jubilares, estableció la mensualización de los décimos, limitó la repartición de las utilidades.

Las demandas de inconstitucionalidad se presentaron entre abril y noviembre pasado.

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Luego de diez meses, el juez ponente de la causa, Francisco Butiñá, convocó a una audiencia que estaba prevista a realizarse este 23 de febrero a las 10:00, con la presencia de los dos primeros demandantes: Fernando Ibarra, Marcelo Solórzano, Jaime Arciniega y Rosa Argudo, del Parlamento Laboral; y de Milton Gualán, asambleísta de Zamora Chinchipe.

Pero el lunes último, el magistrado sumó a estas dos peticiones las planteadas por Édison Lima, presidente de la Asamblea Extraordinaria de Jubilados del Seguro Social; Luis Fernando Torres, asambleísta de PSC, y otros legisladores de la misma línea; y Juan Carlos Oleas, procurador común de los trabajadores de la telefónica Movistar. Con lo que se difirió el acto para el 1 de marzo.

La petición del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) aún no ha sido admitida a trámite. (I)