A dos días de que se cumplan 30 años de que Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), fueran detenidos y torturados por supuestos oficiales de seguridad del Estado ecuatoriano, sus casos -unificados- llegarán mañana, a partir de las 11:00, a audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este sería el primer proceso por delitos de lesa humanidad que se judicializa en el país.

La instrucción fiscal en el caso Vaca-Cajas-Jarrín se inició en octubre del 2013, tres años después de que el informe de la Comisión de la Verdad (2010) reportara la existencia de 118 casos en los que habrían existido delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos, entre 1984 y 2008.

Seis meses después, la jueza Lucy Blacio llamó a juicio a nueve personas, en su mayoría oficiales militares y policiales, todos en servicio pasivo: Luis P., Jorge A., Fernando R., Marcelo D., Juan V., Mario A., Nelson E., Guillermo R., y Edgar V.

La Fiscalía los involucra en supuestos delitos de tortura, violencia sexual y desaparición contra los exguerrilleros.

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Según el relato de la Fiscalía, el 10 de noviembre de 1985, Vaca, Cajas y Jarrín fueron detenidos en Esmeraldas por militares, quienes les habrían pedido sus identificaciones y sin una orden judicial supuestamente los llevaron al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto (Pichincha).

Cajas y Jarrín, señalan documentos oficiales, estuvieron arrestados durante 15 días, en los que habrían sufrido torturas físicas, psicológicas y sexuales.

Mientras que Luis Vaca continuó en situación de desaparición forzada durante tres años, hasta que fue liberado (1988).

Juan Pablo Albán, abogado de los exinsurgentes, critica la lentitud que ha existido no solo en este caso, sino en los demás de la Comisión de la Verdad.

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Aunque para Albán los autores materiales no son quienes están siendo procesados, sino las cabezas de esas estructuras que ordenaron o permitieron la violación de derechos humanos, él cree que este es un momento histórico para la justicia local, pues será la primera experiencia para aplicar directamente normas del derecho internacional para castigar “crímenes que la comunidad internacional repudia”.

En vereda contraria, Stalin López, abogado defensor del general Marcelo D., asegura que en el proceso no ha existido equidad y se ha llevado “con cierta dedicatoria”.

Según López, pese a que él ha demostrado que su defendido permitió la liberación de Vaca, el mayor argumento que, según él, tiene la Fiscalía para involucrarlo es que el oficial fue jefe de la Casa Militar en el régimen de León Febres-Cordero.

El mayor temor de López es que el precio para encontrar culpables en este proceso “sea encarcelar a inocentes para que otros pasen a la posteridad como los primeros que lograron una sanción en un juicio de lesa humanidad”. (I)

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Convocatoria
Militares pasivos

Concentración
El autodenominado Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas convocó a militares en servicio pasivo a una concentración a favor de los oficiales acusados. El grupo señaló que estos actuaron “en cumplimiento de su deber”.

Encuentro
El sitio de encuentro será la sede del Issfa, en Quito, desde las 09:00.