El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá resolver la forma de aplicación de la resolución aprobada la semana pasada por el oficialismo sobre la construcción de discursos, elaboración y difusión de imágenes en las intervenciones en el pleno de la Asamblea.

Aunque no existe fecha para hacerlo, el vocal Fausto Cayambe (AP) manifestó que este organismo es el facultado para elaborar reglamentos basados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y, en el debate de la resolución, se definirá si se reforma alguno o se hace uno específico para regular el “material de apoyo” que usan los asambleístas.

El pasado jueves, María Alejandra Vicuña (AP) expresó que la LOFL es clara y que la resolución es una “reflexión necesaria” porque no se puede basar el debate parlamentario en “mentiras y calumnias”.

“Hay sanciones de tipo administrativa que están establecidas en la propia ley, con o sin resolución, el CAL es la máxima autoridad en ese sentido. La resolución es en el ámbito parlamentario, pero sin duda existen mecanismos en el ámbito judicial en donde cada uno puede iniciar los procesos que correspondan”, dijo Vicuña.

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Entre las faltas de los asambleístas establecidas en la LOFL están provocar incidentes violentos en las sesiones, maltratar de palabra o de obra a los asambleístas y expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones. Las sanciones son amonestación escrita, multas y suspensión temporal.

Pero desde la oposición, Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) manifestó que si bien la resolución no tiene “ni pie ni cabeza” en lo jurídico, en lo político, su explicación es que se quiere “amedrentar a los legisladores de oposición”, recordándoles que pueden ser objeto de las mismas limitaciones que los periodistas al obligárseles a que presenten información en su discurso veraz, contextualizado, comprobable.

“Si quieren controlar qué videos se presentan, lo mejor sería reformar la LOFL para prohibir que los legisladores lean, porque resulta que ahora los legisladores en su mayoría leen y no exponen aquello que tienen en su mente”, indicó Torres.

Ayer, a las 15:20, los asambleístas recibieron en sus correos el texto de la resolución aprobada el pasado jueves.

Son dos artículos en los que se señala que los asambleístas deberán observar las disposiciones constitucionales y legales que garantizan el derecho al honor y buen nombre de las personas, teniendo la obligación de buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada en sus discursos y actuaciones ante el pleno de la Asamblea.

Y que los asambleístas que incurran en la inobservancia de la Constitución y la Ley serán responsables de sus actos y se someterán a sanciones. (I)

84
votos

a favor logró la resolución con la que se controlarán los discursos de los asambleístas en el pleno.