Más de una veintena de trabajadores de diferentes departamentos de la Universidad Agraria del Ecuador, ubicada en la av. 25 de Julio, sur de Guayaquil, se concentraron en los exteriores del rectorado para solicitar la renuncia de la autoridad que preside la institución de educación superior, Tamara Borodulina.
Por la afluencia de personal y los gritos de los trabajadores que pedían su salida, la rectora de la universidad solicitó presencia policial. Los uniformados se ubicaron en el ingreso a su oficina.
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Durante la mañana de este lunes, 14 de abril, además, se cerraron las puertas de la institución luego de que se iniciara una sesión de consejo extraordinaria.
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Varios estudiantes, quienes desconocían los motivos del cierre, llegaron hasta este punto para solicitar información de matrículas y trámites académicos.
Según los colaboradores, el pedido de renuncia de la actual rectora radica en que en los últimos tres meses se han registrado varias irregularidades. Personal del área administrativa e incluso de seguridad, que se concentró en el edificio, denunció que desde diciembre ha sufrido amedrentamiento.
Ricky Perlaza, uno de los voceros de los trabajadores, indicó que se colocó una denuncia por anomalías detectadas en la administración de la universidad. Por ejemplo, citó que personas ajenas a la institución “han ingresado y han dictado disposiciones con carácter coercitivo” a docentes, servidores y trabajadores en general. Entre ellas, un asesor de la actual rectora que no constaría como empleado público.
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Esta misma persona, aseguró Perlaza, ha usado vehículos de la universidad para movilización propia e incluso proselitismo político.
Colaboradoras del área administrativa indicaron que desde diciembre se han palpado también traslados entre áreas y despidos. Una secretaria denunció que recibió un correo con un enlace en el que se le solicitaba que se acredite a un curso de compras públicas. “Yo no tengo nada que ver con ese departamento y me pedían que tenga firma electrónica para contratos”, dijo.
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Un trabajador del área de seguridad relató que le hicieron firmar un documento sin mencionar cuál era el asunto. Ahora, señaló, su firma consta en un contrato de cámaras por $ 60.000.
Por este tipo de irregularidades este lunes se desarrolló la sesión extraordinaria del consejo académico con presencia de la rectora.
La autoridad de la universidad, Tamara Borodulina, por su parte, dijo que conoció los puntos señalados por el personal y dijo que asumió el cargo con “dificultades”. Añadió que le tomó “por sorpresa” que no se le permita ingresar a su despacho y por ello solicitó la presencial policial.
Javier del Cioppo, vicerrector de la universidad, indicó que la reunión tenía el objetivo de exponer los puntos denunciados por los trabajadores y buscar soluciones para transformar “a la universidad en un recinto de paz”.
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“Estamos exigiendo a la autoridad ejecutiva de la institución que se comprometa y que cumpla con los derechos de los trabajadores y que cumpla con todo lo dispuesto en los órganos de control”, puntualizó.
De momento, el procurador síndico de la institución manifestó que se analizan las sanciones, de requerirse, en cada uno de los puntos denunciados. Cada situación se tratará de manera independiente, señaló el funcionario Andrés Jara. (I)
