La seguridad es un tema que en más de una ocasión ha generado discrepancia entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno nacional, y en el marco de un recrudecimiento de la violencia en el que se reconocen actos de “terrorismo menor” con uso de explosivos que el domingo anterior provocaron cinco muertes y 17 heridos en el Cristo del Consuelo, noroeste de la ciudad, las diferencias no cesan.

El cabildo porteño sostiene que sin ser la seguridad una materia de su competencia ha invertido más de $ 50 millones en herramientas para apoyar el trabajo de la Policía. Y en ese contexto cuestiona que, a su juicio, el Ejecutivo no haya dado “ni un solo paso seguro para combatir la delincuencia”.

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Desde el Gobierno, en cambio, se ha dicho que el Municipio guayaquileño tiene responsabilidades establecidas en la Ley que debe cumplir y que el dinero entregado por el Municipio no sale de su arca, pues es plata que corresponde a impuestos y venta del petróleo que el propio Estado da a los Gobiernos autónomos descentralizados.

La explosión del domingo en la Décima y la H, sector del Cristo del Consuelo conocido como calle 8, dio pie a un nuevo ‘round’ entre ambas instancias. El asunto incluso llegó al terreno de los condicionamientos, pues la alcaldesa Cynthia Viteri pidió que las reuniones convocadas por el Ejecutivo sobre seguridad ciudadana se hagan con base en una planificación y estrategias definidas, para que así el cabildo sepa cómo cooperar.

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En ese comunicado municipal se reiteró la predisposición del cabildo de apoyar en lo que esté más allá de su alcance, pero que es necesaria una estrategia nacional contra la delincuencia que implica una hoja de ruta, recursos y objetivos claros.

Por su parte, durante una entrevista en Teleamazonas el martes 16 de agosto, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, sostuvo que más importante que emitir comunicados o entregar camionetas con el sello municipal es que el cabildo se integre al gabinete de seguridad activado a raíz del atentado en el Cristo del Consuelo y que sea partícipe de las decisiones.

Esto, a menos que el Municipio exponga cuál es el plan de seguridad que tiene, ironizó el funcionario.

Alberto Molina, coronel en servicio pasivo, sostiene que la falta de voluntad política que no permite una adecuada coordinación entre el Gobierno nacional y el Municipio porteño refleja la falta de conciencia que hay en torno al peligro que enfrenta el país.

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Autoridades de gobierno han acudido al sitio del atentado esta semana para levantar información y dar ayuda a las familias afectadas por la explosión. Foto: Mauricio Torres

“Falta que todas las autoridades, dirigentes políticos, dirigentes gremiales, estudiantiles, líderes barriales arríen las banderas y pensemos que el país está en peligro, para evitar que el crimen organizado, las mafias del narcotráfico nos pongan contra la pared”, recalca.

Molina menciona que si bien la responsabilidad de la seguridad y la paz social es del Estado, los Gobiernos autónomos descentralizados también tienen sus responsabilidades, según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad).

Por ejemplo, el artículo 54 establece que son funciones de los cabildos: “Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

“Aun si no hubiere esta disposición legal, es un asunto de responsabilidad ciudadana arrimar el hombro para evitar que las mafias sigan con sus acciones delictivas en su afán de crear el terror y el pánico en la ciudadanía”, refiere el coronel en servicio pasivo.

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David Ochoa, abogado especializado en Derecho Constitucional, considera que no existen obstáculos a nivel legal para que los distintos niveles de gobierno coordinen un trabajo en torno a la seguridad.

“El Gobierno ha anunciado que en la consulta popular planteará alguna reforma para mejorar la coordinación entre Gobierno y GAD. Yo no sé qué reforma plantearán, porque el marco normativo sobre ese tema es muy claro: el Cootad establece que tanto las provincias como los municipios deben aprobar planes de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional”, expresa.

Y menciona que, más bien, si cabe una consulta popular para combatir la inseguridad, debería enfocarse en reformar el artículo 79 de la Constitución que prohíbe extraditar a ecuatorianos al exterior, algo que estaba en la Constitución de 1998 y se mantuvo en la Carta Magna elaborada en Montecristi.

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“No creo que hagan falta cambios en la normativa, porque el Gobierno sí ha podido coordinar bien con otros municipios, por ejemplo, en el caso de Quito, la Policía Nacional trabaja junto con el Municipio en operativos y en diseño del plan de seguridad ciudadana local”, expresa Ochoa.

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El Municipio de Guayaquil ha insistido en que el combate contra el crimen organizado demanda, entre otras cosas, la derogación de la tabla de drogas, el control de las fronteras y las carreteras del país para evitar que la droga llegue a los puertos.

Steven Reyes, abogado especialista en Derecho Penal, también considera que el Gobierno y el Municipio, a través de sus representantes, llevan está problemática más a lo político que a lo que verdaderamente importa.

“No basta con solo entregar implementos como carros, chalecos o armas, que si son necesarias para la lucha contra el crimen, pero que se vuelven en mero regalos sino se tiene una política en conjunto en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado”, recalca el profesional.

Para él, el escenario actual que se vive en torno a la seguridad en el Puerto Principal refleja que existe más organización y disposición entre las bandas criminales que entre el presidente Lasso y la alcaldesa Viteri para lograr un objetivo en conjunto.

“Ecuador a través de sus líderes debería de aprender de las experiencias de países como Colombia y México donde de nada ha servido estar divididos porque eso es justamente lo que quieren las bandas delincuencias y el narcotráfico”, concluye Reyes. (I)