La calidad del agua que se distribuye en Guayaquil ha sido cuestionada y observada desde hace quince años por el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. En 2010, afirma su director, se hicieron las primeras observaciones sobre este tema.
El pasado sábado, el presidente Daniel Noboa se refirió a la calidad del líquido en el Puerto Principal y dijo que “en pleno 2025 todavía hay quienes creen que está bien que Guayaquil consuma agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”.
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El primer mandatario mencionó que los análisis muestran que existe presencia de aluminio veinticinco veces más alto, plomo, zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros.
Por su parte, el Municipio e Interagua han refutado estas declaraciones y recalcado que el agua que se produce y distribuye en Guayaquil cumple estándares.
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César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, citó que desde 2010 se han interpuesto varias acciones a entidades e incluso han llegado hasta la Asamblea Nacional, pero no se ha tenido respuesta. Estas no solo han sido por la calidad del agua que entrega Interagua.
Por ejemplo, en 2022 se recurrió a la Defensoría del Pueblo para pedir la intervención de dicha instancia ante una posible vulneración de derechos. En ese entonces se cuestionó la paralización en la producción en la planta La Toma por un problema eléctrico.
En la línea de observaciones a la calidad del agua, Cárdenas explicó que en 2010 se hizo una veeduría que llegó a la conclusión de que se debería haber seguido juicios tanto civiles como penales por este tema.
Aunque acudió a la ciudad una delegación internacional, tras la denuncia de la calidad del agua que se recibía, no se llegó a una acción concreta.
“Los ciudadanos guayaquileños estamos en completa indefensión. (...) Siempre ha habido informes de veedurías, ha habido una serie de cuestionamientos de los ciudadanos, pero han quedado como escándalos y nada más”, recordó Cárdenas.
Según el director del observatorio, el Municipio de Guayaquil —que tiene a su cargo a Emapag, quien debería controlar a Interagua— “se ha dedicado todo este tiempo, desde el año 2001, en que empezó la concesión, a proteger a la empresa (Interagua)“.
Interagua tiene una concesión por treinta años para dotar del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el Puerto Principal. La empresa suscribió el contrato el 11 de abril de 2001.
Cárdenas añadió que a diario Guayaquil pierde 600.000 metros cúbicos de agua, porque hay 540 kilómetros de tubería de asbesto cemento que no han sido reemplazados.
“Por allí ingresan contaminantes de manera permanente al agua que distribuye Interagua”, dijo.
El director del observatorio instó al Gobierno a que se actúe con procedimientos adecuados y técnicos que permitan demostrar “lo que toda la ciudadanía conoce: que el agua es de muy mala calidad”.
“Ya toca que el Gobierno nacional actúe de manera firme para que realmente se sancione a esta empresa y se obligue a terminar la concesión. Eso es lo que tiene que pasar”, manifestó Cárdenas.
Acciones ejecutadas por el Gobierno
El Ministerio de Ambiente y Energía y la Agencia de Regulación y Control del Agua informó que se han iniciado procesos administrativos, sancionatorios y penales.
Según la cartera de Ambiente, Interagua “mantiene parámetros fuera de norma desde 2016″.
“En 2024 y 2025 la contaminación no disminuyó; sin embargo, en este periodo se incorporaron nuevos parámetros de análisis, los mismos que también incumplen”, precisó el ministerio el pasado 7 de noviembre.
En ese sentido, citó que se han ejecutado varias acciones:
- Multas a Emapag e Interagua por $ 46.920 a las plantas Sauces-Alborada y Guayacanes-Samanes, confirmadas en apelación.
- Denuncias penales contra Interagua, Emapag y el Municipio de Guayaquil por presuntos delitos contra el agua (en febrero de 2024 y octubre de 2025).
- Procesos sancionatorios tras los monitoreos ejecutados el 8 de octubre de 2025, en los que se habría evidenciado reincidencia.