Violeta Montiel, residente de Valle de los Geranios, asistió con sus cuatro hijos menores de edad, de 1 a 10 años, para un chequeo mensual en el área de pediatría del centro médico Norvida. Sin embargo, este jueves, 7 de noviembre, un empleado del área de finanzas le dijo que ya no había atención y debía buscar otro centro.
“La cita la teníamos hace tres semanas. No nos gusta que no nos llaman a cancelar, para sacar cita en otro centro. Siempre he venido aquí porque es buena la atención”, dijo ella, antes de retirarse del sitio.
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Asimismo, otro paciente, Byron Oñate, residente de una zona aledaña a la autopista Narcisa de Jesús, padeció molestias renales y pidió cita para obtener atención en medicina general en el sitio para ese mismo día.
Tampoco fue atendido. “Complicado, porque perdemos todos los asegurados; lamentablemente, no dan solución las autoridades”, expresó el adulto mayor.
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En el centro médico, ubicado en la av. Francisco de Orellana, un cartel daba aviso este jueves del cese de operaciones de sus atenciones debido al reclamo de haberes de 17 meses por servicios prestados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Los prestadores externos de dicha institución están en “terapia intensiva” por arrastre de haberes de entre 15 y 17 meses. Aquello fue motivo de un nuevo plantón en los exteriores de la Caja del Seguro, en av. Olmedo y Boyacá. Ahí se congregaron empleados de varios centros, este jueves.
María Oña, excolaboradora de bodega de Norvida, refirió que sus empleadores han estado buscando la manera de sostener las operaciones. Les pagaban un porcentaje de sus sueldos a través de préstamos a terceros y, a su vez, arrastraban pagos a proveedores.
Hasta fines del mes anterior la situación no dio para más, citó. “Fuimos despedidos. Nos hemos quedado sin sustento para nuestras familias; en mi caso, a mi madre y una hermana. No solo yo: hay madres solteras, mujeres embarazadas que se quedan a la deriva”, explicó ella.
Mauricio Navarrete, cardiólogo de Norvida, expresó su indignación con autoridades por tener los cobros represados y que los usuarios deban sufrir la falta de atención en diversas especialidades para descongestionar los servicios del IESS. En su caso, daba asistencia a unos 60-80 pacientes a la semana de diversos sectores de la urbe, otros cantones aledaños y provincias cercanas.
“Todo se verá mermado”, comentó y lamentó que hay preocupación a nivel personal por cubrir gastos familiares durante esta época de fin de año.
Jenny Olvera, quien colaboraba como enfermera en Odontomédica San Eduardo, es otra de las empleadas que se quedaron sin ingresos. Su esposo, Víctor Figueroa, también está desempleado desde hace seis años y realiza trabajos esporádicos de electricidad.
Por ende, ellos señalaron que no tenían para mantener los tratamientos de un hijo con discapacidad intelectual, que debe recibir tratamientos y medicinas.
“Me dejaron desempleada, por eso estoy peleando los derechos”, detalló.
Walter Campoverde, representante de la asociación de prestadores externos de servicios, manifestó que la deuda ascendería a 300 millones de dólares; pero, por aparente falta de celeridad de auditorías, se generan los retrasos de pagos a los centros particulares.
“De ahí comienza el problema... Ningún prestador está auditado de la fecha (mediados del 2023) hasta acá nada y, por ende, no se refleja deuda con el IESS; pero la deuda existe, porque no hay auditoría de los servicios dados para que pueda ser cancelado. Cierran porque no tienen recursos para seguir operando”, expuso y lamentó que, por otro lado, deben estar al día en afiliación de sus empleados con el mismo IESS.
Debido a esta situación, entre representantes de centros médicos han debido hacer distintas acciones para tratar de mantener la atención, como reducir servicios en exámenes, medicinas, tiempos de tratamientos y consultas, además de sobreendeudarse para cubrir operaciones y arrastrar deudas con proveedores.
“Las pequeñas van cerrando sus puertas, las medianas están por hacerlo y las grandes tienen bastantes dificultades. Tenemos demandas laborales, gente impaga un año, gente que exige sus haberes. Cada día se pasa un viacrucis judicial en demandas, abogados, en pagos, que no deberíamos estar envueltos en eso sino en atención”, explicó el representante.
Se estima que hay 600 prestadores externos para el IESS a nivel nacional. En los recientes cinco meses, hay un estimado de 10 prestadores externos que han cerrado sus puertas y se proyecta sumar 21 más hasta fines de noviembre a nivel nacional, en caso de no hallar solución, detalló Campoverde.
Se calcula que en Guayaquil cinco han dejado de funcionar y otros cinco lo harían en los siguientes días. “No por decisión propia, sino porque ya no tienen recursos para seguir operando”, comentó Campoverde.
En la mañana del jueves, un grupo de prestadores accedió a la Caja del Seguro Social para mantener una reunión con delegados del IESS. Al área de comunicación de la entidad se le consultó detalles de la deuda, auditorías y plan para los pacientes que ya no pueden atender en centros cerrados. Por ahora, se espera respuesta.
En julio anterior, por pagos retrasados, el IESS refirió que se realizaría el pago de $ 6,1 millones a dializadoras y en siguientes meses de pagos periódicos a otras entidades por $ 30 millones de auditorías de entre junio y agosto de 2023. En ese entonces, la entidad reiteró su predisposición para mantener comunicación periódica con prestadores externos de servicios de salud para garantizar atención oportuna y de calidad a la población.
El 9 de octubre pasado, la entidad precisó que en septiembre se pagaron $ 23,4 millones a 65 dializadores de todo el país. Este año se han cancelado $ 72 millones a dializadoras. (I)