Cocineros, ayudantes de cocina, coordinadores, personal de limpieza, administrativos y demás de la empresa Lafattoria se concentraron en las instalaciones de la firma, en el norte de Guayaquil, para solicitar al Gobierno nacional que se garanticen sus puestos de trabajo.

Más de un centenar de empleados tomaron la decisión de realizar esta acción ante la posibilidad de ser desvinculados por una deuda de casi 30 millones de dólares que alegan mantiene el Gobierno con la empresa.

Lafattoria alega que Gobierno mantiene una millonaria deuda por provisión de alimentos en cárceles

Los empleados levantaron este martes, 28 de mayo, carteles y banderas blancas que identifican a Lafattoria y al Grupo Riasem. El personal de cocina usó gorros de chef para identificarse en medio de la multitud.

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Esta firma es la encargada de la alimentación en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi, y también da el servicio en los cinco reclusorios que conforman el complejo penitenciario de Guayaquil. La firma opera en centros carcelarios desde hace doce años, indicaron empleados.

Hace un mes cerraron operaciones en las cárceles del norte del país. En Guayaquil se ofrecerá el servicio de alimentación hasta este 31 de mayo, indicó César Bolaños, jefe de Calidad de Lafattoria.

”Durante todo este tiempo jamás hemos tenido un solo acto delictivo o un solo acto doloso, hemos estado expuestos todo el tiempo a escrutinio público y no existe una sola denuncia por parte de ninguna autoridad que nos involucre en un acto ilegal”, señaló.

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Bolaños recalcó esto al referirse a la notitia criminis que introdujo la Presidencia de la República en la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades en el servicio de alimentación en las cárceles.

El jefe de Calidad de la firma indicó que 11.500 personas privadas de libertad se han quedado sin servicio de alimentación en Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas y en el Oriente.

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Con el cierre de operaciones en las cárceles de Guayaquil se quedarían sin el servicio de alimentación unas 12.500 personas privadas de libertad.

Además, detalló, se ha despedido a más de 80 colaboradores. Con el cierre del servicio en Guayaquil se afectaría el trabajo de unas 200 personas. En la empresa laboran unas 1.200.

”Somos padres y madres sustentos de nuestros hogares, llevamos el pan a nuestra familia, somos trabajadores honestos”, recalcó Bolaños, quien pidió al presidente Daniel Noboa que investigue y se esclarezca que la empresa no está ligada a ninguna organización delictiva.

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Martín Ochoa, gerente de Operaciones de la Regional 8 de Lafattoria, dijo que hasta este viernes 31 de atenderá en Guayaquil, porque hasta esa fecha hay materiales para preparar los alimentos.

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Con la salida de las cárceles de Guayaquil, dijo Bolaños, se cerrarían las operaciones con el servicio público.

Al momento, en la parte privada, trabajan con 52 empresas de la ciudad.

”Señor presidente, tenemos años trabajando. (...) hemos servido por mucho tiempo a todos los privados de libertad”, puntualizó Ochoa. (I)