José Julio Neira, principal de la Secretaría General de Integridad Pública, sostuvo que la compañía Lafattoria está suspendida como proveedor del Estado.

Lafattoria proveía de alimentos a una parte de las cárceles del Ecuador y al programa de alimentación escolar.

Días atrás, el Gobierno pidió a la Fiscalía investigar la provisión de alimentos. La administración de Daniel Noboa habló de un monopolio y sobre supuestos nexos con el crimen organizado.

Publicidad

En una entrevista con radio Centro, Neira habló de la suspensión de Lafattoria. “La única que se ha suspendido es esta específica (Laffatoria) por la presunción al crimen organizado... No podíamos seguir con una relación con la compañía denunciada”, indicó.

El funcionario indicó que recibieron alertas sobre una presunción de una conexión con el crimen organizado y eso es lo que deberá aclarar la Fiscalía.

Publicidad

Neira sostuvo que esa empresa estaba abusando de un mecanismo que se diseñó en la normativa para hacerlo una vez, como es la aplicación de la figura de convenio de pagos.

Publicidad

El Gobierno y Laffatoria comenzaron un enfrentamiento días atrás a raíz de que esta empresa anunció que suspendía la provisión de alimentos en las cárceles por una deuda que mantenía el Gobierno.

Neira indicó que la deuda del Estado es de $ 30 millones, pero se cuestionó de dónde se están fondeando para poder subsistir.

“No hay violación de derechos humanos ni nada personal”, dijo Neira sobre las medidas que toma el Gobierno.

Lafattoria, proveedora en cárceles y escuelas, interpuso días atrás una acción de protección contra Sercop y Ministerio de Educación.

Esta empresa ha alegado que “ni el presidente de la República, Daniel Noboa, ni ningún miembro de su gobierno han denunciado a la empresa, simplemente han presentado una notitia criminis con carácter de reservado en la que no se mencionan vínculos con el narcotráfico; eso lo dice el presidente en un X sin fundamentos ni pruebas”.

Examen especial a los contratos

La Contraloría realizó un examen especial a los convenios marco suscritos con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para la selección de proveedores para la provisión de raciones alimenticias para los estudiantes para el agregado territorial 8 (Cotopaxi, Napo, Pastaza, Pichincha y Orellana) con la empresa Lafattoria S. A., entre el 2016 y 2020.

Publicidad

Este examen se lo realizó para verificar que los convenios suscritos con Lafattoria S. A. para la selección de proveedores para provisión de raciones alimenticias para los estudiantes se realizaron conforme a las disposiciones legales vigentes.

Según la entidad, el equipo de control verificó que las preguntas efectuadas a los oferentes estaban relacionadas a actividades de producción de alimentos, razón por la que Lafattoria, empresa con un objeto social distinto, no cumplió con varios de los parámetros evaluativos aplicados; no obstante, fue considerada para la adjudicación sin que existan documentos que permitan evidenciar el criterio técnico aplicado para los efectos.

En una de las conclusiones se indica que miembros de la comisión técnica en los procedimientos SICAE-003-2016 y SICAE008-2016, aplicando parámetros técnicos de evaluación no contemplados en los pliegos, rechazaron a los participantes que ocuparon el primer lugar de la puja y recomendaron la adjudicación de los que se encontraron en segundo lugar. Para el caso de la empresa Laffatoria recomendaron la adjudicación sin que esta cumpla con los referidos parámetros, situación que se presentó debido a que no verificaron los criterios de evaluación.

Además se concluye que en los convenios marco suscritos no se cumplió con las condiciones establecidas en las cláusulas sextas de duración de los citados instrumentos. Esto se produjo debido a que el director de Desarrollo de Compras Públicas, en calidad de administrador de los convenios marco, y la directora general del Sercop solicitaron y autorizaron, respectivamente, las peticiones de prórroga emitidas por el Ministerio de Educación, sin requerir a esta entidad documentación que motive su petición, situación que ocasionó que el plazo de los convenios se extienda por 376 días adicionales al establecido en los convenios y no se promueva la realización de nuevos procesos de selección de proveedores.

Niega contratos a dedo

En los últimos días, esta empresa ha indicado que ha participado en procesos bajo la modalidad de concursos impuestos por el Estado y “nunca a dedo”.

Días atrás aludió a esto cuando se refirió a observaciones a ciertas órdenes de compra dentro de la Subasta Inversa Corporativa Sicae, en la que participó y fue adjudicada en dos de los ocho territorios.

Dijo que dentro del examen especial referente al tema únicamente se hace observación a una orden de compra de un agregado, donde determinan que existió el cálculo erróneo de una multa de acuerdo con el criterio del analista de Contraloría.

Indicó que la empresa ya había manifestado que se estaban presentando inconvenientes en las distribuciones por la falta de planificación oportuna del Ministerio de Educación y que pese a ello, Lafattoria cumplió con lo determinado por Controlaría y continuó sirviendo según lo determinaba su contrato.

“El examen especial no determina responsabilidad hacia Lafattoria, más allá de un recálculo de multa de acuerdo a los criterios del analista de Contraloría, luego de lo cual procede a hacer llamados de atención y recomendaciones exclusivamente al ministerio respecto de la realización de encuestas de satisfacción, control de inventarios, adecuada planificación, entre otros. Es inconcebible que se pretenda tergiversar estos hechos que pertenecen a esa cartera de Estado y no a Lafattoria”, indicó.