Continúan los señalamientos de presuntos casos de corrupción en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.

Según un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General del Estado, entre enero del 2018 y julio del 2020, en esta casa de salud se suscribieron doce convenios de pago para la adquisición de medicamentos e insumos médicos por un total de 17′508.578 dólares.

La Contraloría indicó que estas compras se realizaron eludiendo sin justificación los procesos regulares establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). Además reflejó que estas adquisiciones se efectuaron con precios referenciales superiores a los del mercado y a distribuidores no autorizados.

Según la Contraloría, los convenios de pago en contratación pública son utilizados para cumplir obligaciones imprevistas “que requieren respuestas institucionales urgentes en circunstancias que impiden el desarrollo de las fases de contratación señaladas en la ley”.

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El examen especial mostró que no hubo justificación para emplear dicha modalidad en la adquisición de los productos. Los funcionarios encargados de dichas compras, según Contraloría, optaron por utilizar los convenios de pago para cubrir obligaciones sin el respaldo contractual por 8′879.963 dólares en órdenes de compras por medicamentos y 8′628.615 dólares por dispositivos médicos.

Además, los funcionarios encargados no realizaron los estudios para determinar los precios referenciales en el mercado de los fármacos e invitaron a personas naturales para que presenten proformas. “Al no ser distribuidores autorizados, no ofertaron los precios más convenientes, ocasionando que los costos finales se incrementen hasta en un 5.350 %”, expuso la Contraloría.

Es decir, entre los precios referenciales de los productos y los que pagó el hospital hay una diferencia de 4′823.149 dólares.

Los proveedores elegidos para las adquisiciones no presentaron documentación que avale su experiencia y los requisitos técnicos, legales y financieros para celebrar contratos con el Estado ecuatoriano.

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Además, tampoco adjuntaron el origen de los medicamentos, los certificados de buenas prácticas de manufactura, sanitario de provisión de los medicamentos ni el compromiso de cancelar el costo de análisis del control de calidad.

Para la adquisición de los insumos médicos, entre enero y agosto del 2018, los funcionarios del hospital eludieron seis procesos de contratación pública.

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El presupuesto por este concepto, así como por los medicamentos, fue establecido mediante proformas emitidas por personas naturales no autorizadas, según la Contraloría. Asimismo, no se cumplió con el análisis de los insumos existentes en la bodega del hospital, ni la cantidad de productos que se necesitaban en esa casa de salud.

“Las omisiones originaron que se comprometan recursos económicos sin que se fundamente la necesidad de los insumos, ni se precise el plazo para su consumo”, expuso la Contraloría en su informe.

Hasta el 31 de julio de 2020, según la auditoría, el 87 % de los productos adquiridos bajo convenios de pago señalados no se habían utilizado.

Se indicó que 44 funcionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo están siendo investigados por este hecho.

Vicente Taiano, gobernador del Guayas, realizó ayer un recorrido por el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en compañía del gerente de esa casa de salud, Francisco Andino.

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Los funcionarios recorrieron las zonas de bodega, las salas de espera de consulta externa y zonas en las que han quedado inconclusas varias obras desde hace meses.

Andino manifestó que el hospital está en crisis. “Hay quirófanos inoperativos, áreas grises que requieren reparar sus condiciones para retomar su operatividad en favor de los asegurados y jubilados del IESS”, expuso.

Agregó que las autoridades pueden ingresar a dicha casa de salud para realizar todo tipo de investigaciones “para poder blanquear y transparentar los servicios hospitalarios”.

Andino explicó que se están efectuando esfuerzos para que los procesos de adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos sean transparentes y no estén envueltos en irregularidades. (I)