La problemática del desplazamiento forzoso de familias en Socio Vivienda es el tema central de la mesa de trabajo que arrancó en mayo, tras un fallo judicial de medida cautelar.
En ese mes, un tribunal de garantías penales otorgó medidas cautelares a favor de las familias desplazadas forzosamente luego de la masacre registrada en esta zona del noroeste que dejó veintidós víctimas mortales.
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Este jueves, 18 de septiembre, una nueva sesión —junto con representantes de diferentes entidades— abordó las diferentes carencias y el escenario de violencia que existe no solo en Socio Vivienda, sino en el noroeste de Guayaquil, hacia donde la ciudad se ha expandido.
Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), explicó que este tipo de espacios de trabajo permite ensayar una respuesta al caso de Socio Vivienda y a lo que se vive en otras zonas de Guayaquil, no solo el noroeste.
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“Tenemos esa tarea y esa consigna de dar una respuesta para, obviamente, incidir en volver a lugar un sitio con condiciones mínimas de vida”, señaló.
El delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, Gonzalo Ortega, dijo que se están encaminando los protocolos y demás instrumentos para poder presentar al juez acerca de cómo mejorar la situación de los desplazados y de las personas que están en Socio Vivienda.
En esta zona del noroeste, apuntó el CDH, existe un escenario de violencia ejercido por bandas criminales; muestra de ello, la matanza del 6 de marzo. Esto sumado a la recurrente militarización, falta de servicios públicos, poca presencia policial y aún incipientes programas de deporte y educativos.
Sin embargo, citó que no solo Socio Vivienda es una zona en la que la violencia ha recrudecido y a derivado en el desplazamiento forzoso de familias.
En otras áreas del noroeste se ha comenzado a graficar la salida de familias de sus viviendas en un fenómeno de desplazamiento denominado “gota a gota”.
Entre ellas están las comunidades de Monte Sinaí e isla Trinitaria, por ejemplo, en las que se lo atribuye al control de territorios y pugna por liderazgo en el interior de bandas criminales. También en Flor de Bastión, sector en donde se han registrado ataques a familias.
El fenómeno, si bien se ha agudizado desde la mitad del 2024, se empezó a registrar desde 2022, según el CDH.
“Tal vez no tenemos a cien familias que se han desplazado como en Socio Vivienda, pero tenemos a una familia acá de un barrio, tres de otro y así”, detalló Navarrete. (I)