La Defensoría del Pueblo, a través de su delegación en Guayas, iniciará una investigación por una posible vulneración al derecho de recibir servicios públicos de óptima calidad en Guayaquil.
Esto en el contexto de que el Gobierno declaró que en la ciudad hay agua con “caca, detergente, aluminio, plomo, cobre”, y que el aluminio estaría por encima de lo permitido; también mencionó presencia de zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros.
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Tal pronunciamiento ha sido rechazado por el alcalde de Guayaquil y la concesionaria Interagua, quienes afirmaron que el agua que se produce y distribuye en Guayaquil es monitoreada de forma permanente y “cumple rigurosamente con todos los estándares de calidad establecidos en la normativa nacional y las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
La Defensoría del Pueblo indicó que se iniciará una investigación sobre este tema de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
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El delegado provincial, Gonzalo Ortega, señaló que se seguirá este proceso ya que, además de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a un servicio público de calidad, este también se vincula con el derecho a la salud y la vida digna.
“La vida digna incluye ‘la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios básicos necesarios’”, explicó el defensor.
Desde la Defensoría del Pueblo se solicitará que se remita un informe detallado de los reportes sobre la calidad del agua a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y Emapag. Las notificaciones se remitirán este lunes. (I)