Durante una semana, el propietario de un negocio ubicado en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, en el norte de la urbe, recibió de un número desconocido al menos cinco llamadas al día. Luego de ignorar los llamados, el mismo número comenzó a enviarle mensajes de texto y vía WhatsApp. Allí le indicaba que necesitaba hablar de forma urgente sobre un tema que le podía interesar.

“Contesté porque justamente estaba esperando que me saliera un contrato en Manabí, pero era una amenaza de que si no pagaba $ 2.000 en un lapso de cinco días me iban a poner algo en el local. Que esa plata era para mi seguridad. Que si pagaba ese valor yo iba a estar tranquilo y a salvo”, dijo el hombre, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato.

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A él también le llegó un panfleto hace un par de semanas en el que se detallaba que los $ 2.000 eran una especie de entrada y que luego debía cancelar mensualmente $ 100 para que el negocio esté “blindado”.

Otro comerciante de la misma zona recibió, hace tres meses, mensajes y llamadas desde un número desconocido.

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A él le dijeron que lo que querían era visitarlo en su local porque el dueño de otro establecimiento, con su mismo giro de negocio, les estaba dando $ 5.000 para que le hagan daño. “Me dijeron queremos hablar con usted para ver cuánto nos ofrece. Me imagino que querían $ 6.000 o más”, anotó.

La medida que tomó para dejar de ser contactado fue cambiar de número y colocar la denuncia en Fiscalía para que las autoridades determinen quién es la persona que estaba detrás de las llamadas. Por ahora se mantiene sin redes sociales para evitar que puedan encontrar información personal y lo vuelvan a contactar.

En ciertas columnas y paredes hay símbolos realizados con aerosol. Foto: El Universo

Cuando se pregunta a vecinos de la zona sobre la extorsión a negocios pocas personas quieren hablar abiertamente por temor a represalias. Algunos dicen desconocer que los “vacunadores” hayan llegado a la zona. Otros, en cambio, confirman que existen propietarios que ya están siendo amedrentados y que se les solicitan pagos que van desde los $ 100 hasta los $ 1.000 mensuales.

A lo largo de la avenida Plaza Dañín están ubicados restaurantes, panaderías, locales de venta de neumáticos y vulcanizadoras. Del lado de la ciudadela La Atarazana, los locales que predominan son de venta de colchones, asaderos y más restaurantes.

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Los empleados de locales ubicados en esta concurrida vía, además de moradores, confiesan que algo que también los inquieta es que en las paredes y en varias columnas de negocios hay grafitis y frases que consideran como “marcas de territorio”.

En una de las paredes de la peatonal que queda frente al Hogar San José, una frase fue escrita en esta semana. Asimismo en algunas columnas hay ciertas tipografías marcadas con aerosol.

Moradores de la Nueva Kennedy se muestran preocupados por los grafitis y frases que están en algunas paredes. Foto: El Universo

La modalidad de extorsión a negocios empezó en sectores periféricos en el noroeste, se detectó en zonas como Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, hasta el Guasmo, en el extremo sur de la ciudad.

En julio, un asadero de pollos fue atacado. El negocio, ubicado en la ciudadela La Atarazana, fue baleado en horas de la madrugada con al menos seis tiros en su puerta enrollable.

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“Ahora se ha extendido a las zonas comerciales tradicionales de Guayaquil”, dijo un señor que aseguró que hay muchos propietarios que han recibido llamadas extorsivas, pero que se niegan a denunciar por miedo.

El coronel Joan Luna, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, indicó que desde la entidad ya se está trabajando y existen avances en una línea investigativa sobre las diferentes denuncias de extorsión. El trabajo se realiza con la Dirección General de Investigaciones y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase).

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Además, expresó que se promueve una campaña para que las personas puedan presentar la denuncia y de esta manera judicializar cuando se tengan los elementos probatorios. Según Luna, lo que se quiere evitar es que los perjudicados por temor accedan a los pagos creando un compromiso con los extorsionadores.

“Muchas de estas llamadas son por información que los mismos propietarios proporcionan a través de redes sociales. Lo que se quiere crear es la cultura de seguridad para evitar que se proporcione información personal en canales abiertos”, detalló.

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En Guayaquil, en lo que va del 2022 se han registrado al menos 503 denuncias por extorsión. (I)