Docentes de planteles privados despedidos al inicio de la pandemia aún esperan pago de liquidaciones

Dan clases particulares, venden comida, ropa, productos de belleza o todavía subsisten con el seguro del desempleo o con préstamos que lograron hacer. Han pasado casi siete meses desde que los despidieron y aún esperan que sus antiguos patronos les paguen las liquidaciones justas o completas por sus años de servicio s y no los $ 300, $ 400 y hasta $ 700 que les depositaron por 12, 20 y 25 años de servicios. Se trata de profesores que trabajaron por años en planteles educativos privados de Guayaquil, Samborondón y Daule, quienes también han interpuestos demandas o están por hacerlo ante la negativa o inacción de los directivos de las empresas educativas para las que trabajaron, cuentan.Más, agregan, porque aquellas instituciones continúan trabajando y no cerraron sus puertas “para justificar en algo” la cantidad que les dieron por despido por fuerza mayor o caso fortuito contemplado en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo ecuatoriano y al que muchas empresas se acogieron al inicio de la pandemia del COVID-19. Con ello evitaron pagar los rubros o indemnizaciones económicas por despido intempestivo.Para ese entonces ya se hablaba de la Ley de Apoyo Humanitario, que finalmente se aprobó el 15 de mayo pasado y donde se incluyó una disposición interpretativa al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, que exponía que la figura de caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica.Haydee Alvarado, de 49 años, fue profesora por 23 años en un plantel privado ubicado en Samborondón. Le depositaron $ 316 por todos esos años de servicios, dice.Recuerda que el 15 de mayo de este año les notificaron su despido por correo electrónico a unas 100 personas de esa institución, entre docentes y personal de limpieza con varios años de trabajo. Ahí les decían que el plantel pasó de tener 1.700 alumnos a 1.500 y que con los problemas económicos, por la pandemia del coronavirus, se acogían al despido por fuerza mayor.No los llamaron para hablar de sus liquidaciones, solo para que firmen el acta de finiquito cuando ya les habían hecho la transferencia a sus cuentas bancarias por los rubros menores incluso al salario básico actual. Ella y sus compañeras, al revisar la página web del Ministerio del Trabajo, vieron que constaba ya el finiquito sin haber firmado, expone.Ella y sus colegas pusieron denuncias y demandas para que les reconozcan sus haberes económicos completos.“Han pasado ya (casi) siete meses y todavía no se resuelve nada (avanza lento el proceso legal) y esto sí es preocupante y desesperante. Botaron a más de 100 personas, solo pedimos que nos paguen lo que nos corresponde..., en mi caso, mi liquidación por los 23 años de servicios y mi proporcional de la jubilación patronal”, expone Alvarado, quien también perdió a su papá por COVID-19 días antes de su despido.A María Ruiz Ampuero, del mismo plantel privado, le ofrecieron $ 722 de liquidación por siete años de trabajo. Tampoco aceptó y demandó al igual que otras de sus compañeras.Carlos J., de 45 años, profesor de Cultura Física de un plantel privado de Guayaquil, también fue despedido al inicio de la pandemia con otros once docentes. A él le querían dar menos de $ 700 de liquidación por doce años de servicios. Y aquello se lo hicieron efectivo al hacerle la transferencia bancaria. Comenta que debería recibir un promedio de $ 12.000 de liquidación por el tiempo trabajado. Sus amigos ya interpusieron demandas judiciales y él iba a hacer lo mismo porque ha “esperado demasiado y no hay solución”. Decidió pelear.En su caso tiene un segundo trabajo que le ha permitido cubrir sus gastos en este tiempo. “La institución en la que estoy (centro de Guayaquil) no botó a nadie, tuvieron menos alumnos en este año, pero no despidieron a nadie..., en comparación con la otra”, comenta al mencionar que hay planteles que, en cambio, son ejemplo de los valores que predican.Las quejas incluso se exponen en redes sociales como en Twitter. Ahí hay usuarias que piden sus pagos por despidos intempestivos. Y mencionan los nombres de los planteles educativos privados. Martha Córdova Salazar, presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica del Guayas (Fedepal), dice que en el gremio que representa (80 planteles) le han indicado que no hay estos casos y que no son la generalidad . Que al inicio de la pandemia en algunos establecimientos llegaron a acuerdos comunes con los docentes.Este Diario se comunicó con los planteles involucrados, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.Carlos Díaz, abogado que lleva las demandas de más de quince docentes, dice que hay una lenta administración de justicia que hace que los procesos se demoren. Comenta que varios de sus clientes ya están siendo citados y llamados a juicios. Asegura que es obligación de los antiguos patronos pagar las indemnizaciones respectivas por despidos intempestivos, pues los planteles no cerraron sus puertas como estipulaba el caso fortuito o por fuerza mayor.Hubo, en cambio, otros establecimientos educativos con menos ingresos y alumnos que sí cerraron y que pagaron todos los haberes correspondientes, comentaron otros docentes.Las denuncias de los maestros eran parte de las 36.444 relacionadas con el Código de Trabajo que había receptado el Ministerio del Trabajo del 16 de marzo al 5 de noviembre. De esas, 29.080 habían sido atendidas hasta esa fecha. Adicional estaban las actas de finiquito por sectores económicos, donde el profesional, científico y técnico tenían registradas 32.370 actas del 16 de marzo al 5 de noviembre. (I)

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