“Elimina virus, bacterias y hongos. Purifica el agua de microorganismos causantes de enfermedades”. Así se detalla la promoción de un envase de dióxido de cloro que se recomienda para controlar síntomas producidos por el COVID-19 en Ecuador, de forma no legal, y en otros países de la región.

El término dióxido de cloro para muchos puede sonar nuevo, para otros ya es conocido debido a que a lo largo de los años le han atribuido propiedades “milagrosas” pese a ser un compuesto de cloro, explican especialistas médicos.

La utilización de esta sustancia entró en debate desde que agrupaciones piden que las autoridades analicen su uso para tratar casos de COVID-19 en la pandemia en Ecuador.

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Un grupo de obispos de diez ciudades afirmó que esta es una medicina alternativa que en ensayos preliminares demostró que cura el COVID-19.

“En varias ocasiones se han dirigido comunicaciones al Ministerio (de Salud) sobre este tema y sus respuestas han sido negativas”, indicaron ellos en una carta del 8 de julio.

Ante esto, el pasado miércoles, la Comisión de Fiscalización y Control de la Asamblea realizó el análisis del uso de este producto. Allí, representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) solicitaron los protocolos para tener más detalles de su accionar en el organismo de pacientes.

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La doctora Gabriela Arana comentó que hace años esta sustancia la ofrecían para enfermedades infecciosas o hasta para el cáncer y autismo. Sin embargo, por experiencia propia pudo comprobar que no es beneficiosa y es tóxica.

“Es un químico que tiene efectos adversos como cualquier químico. Eso es tomar cloro. Entiendo que una gota de cloro en litros de agua cuando no hay agua potable, ok. Pero tomarlo así es dañar las células , el organismo, ya que esta sustancia no es como el agua que sale a través del orine, es algo que se queda en nuestro organismo”, alertó.

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El intensivista Alberto Campodónico, quien trató a pacientes crónicos COVID-19 desde la pandemia, explicó que para ser considerado un medicamento adecuado debe probarse en 10 000 a 20 000 pacientes para confirmar su efectividad y tener validez científica.

“El producto debe demostrar si es que baja la carga viral o si puede detener el ingreso del virus al organismo, solo así se lo podrá considerar para una aprobación y tenerlo en cuenta como parte del tratamiento para el COVID-19. Sin embargo, eso no se ha hecho, por ende no se debe usar”, explicó el especialista.

En redes sociales circulan supuestos testimonios de personas que aseguran haber sentido mejoría en los síntomas que produce el COVID-19.

Arana insistió en que su uso legal y habitual es la esterilización de equipos médicos y superficies y que la ciudadanía debe tener claro que no es un medicamento ni un producto que haya sido avalado por alguna agencia de control.

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Ante estos pedidos de su aprobación del uso de la sustancia, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) insistió en que en estudios que ellos realizaron y dieron a conocer en mayo pasado se comprobó que no hay una evidencia y eficacia en el uso de este químico en mención.

“No existe evidencia científica que el dióxido de cloro, la ozonoterapia y el agua de mar” ayuden en el tratamiento del COVID-19, según lo revela un estudio científico divulgado por la Facultad de Medicina de la PUCE”, informó.

Mauro Falconí, director de la Arcsa, solicitó el protocolo científico para iniciar los estudios, informó El Telégrafo. Este Diario pidió a Arcsa más detalles sobre el análisis del producto, pero hasta el cierre de la edición no respondió.

Venta y consumo

En otros países existen médicos que sugieren el uso de esta sustancia, incluso en algunos casos se le atribuye que ciudades que se recuperaron en pocos meses de los altos picos de la pandemia, como Guayaquil, usaron este tipo de producto para salir adelante y nivelar la curva.

Sin embargo, médicos guayaquileños aseguraron que las principales herramientas siempre serán la higiene de manos, la protección con la mascarilla y el distanciamiento social.

Médicos y entidades sugieren que la ciudadanía no se deje engañar con productos que no tienen garantía. (I)