A través de una orden de desahucio por inquilinato, la abogada Ana Pazmiño consiguió que una familia abandonara la casa de su cliente, entregada en arriendo, luego de que el inquilino, según ella, no pagara por dos años el mensual de $ 600 acordados con el propietario.

El desahucio es un recurso al que recurren los dueños de casa para obligar a sus huéspedes a dejar sus viviendas, al surgir discrepancias por morosidad, en el común de los casos.

Pero las diferencias de esa y de otras índoles incluso suben a las cortes. Ketty Martínez, ocupante desde hace 5 años de un departamento situado en la ciudadela Sauces 8, norte de Guayaquil, sigue un proceso judicial contra el propietario del inmueble. Le exige que mantenga en buen estado el espacio, puesto que considera que se limita a cobrar sin atender requerimientos de inquilinos.

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“Que le hagan una inspección, que lo obliguen a mejorar su casa si quiere seguir arrendándola”, manifiesta la tarde del martes, al salir de una audiencia efectuada en el complejo judicial de La Florida.

Según abogados con práctica en temas de arriendos, los dueños de casa son los que más recurren a la Justicia para saldar sus conflictos con huéspedes.

Ana Pazmiño menciona que el inquilino de su cliente se fue adeudando $ 14.000 por su estancia en un inmueble situado en Los Ceibos, oeste, e indica que ahora sigue un proceso monitorio (concebido para obligaciones que no superan los 50 salarios básicos) para conseguir la cancelación de la deuda.

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Luis Gordillo, también abogado, sostiene que los juicios se activan a los tres o cuatro meses de mora, que con el reconocimiento de firmas o declaración juramentada tramitadas en notarías, se inicia el proceso.

Remarca que esas dependencias están facultadas para ordenar los desahucios y que si el inquilino “no se va” se presenta aquel “mandamiento de ejecución” en Juzgados de lo Civil.

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Una práctica común de dueños de casas contra huéspedes morosos es impedirles el paso a los departamentos al cambiarles los candados. Miguel Montoya, propietario de un inmueble rentero en el sector Esmeraldas Chiquita, sur, admite que esa fue su opción una vez en 10 años, luego de exigir varias veces el pago a un inquilino, pero este le trajo a la Policía alegando vulneración de derechos, en un caso que se remonta al 2016.

Montoya vive en su otra casa, en el barrio Centenario, sur.

En Esmeraldas Chiquita recibe $ 150 por departamentos de dos dormitorios, sala-comedor y baño. En el centro, estos cuestan $ 250 en promedio, y en cifras generales, los valores por la renta de un techo para vivir en Guayaquil van de $ 70 a $ 1.200 al mes, donde las tarifas más altas corresponden a una casa en alguna urbanización de la vía a la costa, oeste.

Danny Wilka, administrador y habitante de un edificio ubicado en Quisquís y 6 de Marzo, en el centro, manifiesta que en medio de un conflicto, los enseres de un vecino que no había pagado su mensual fueron llevados a la terraza, apresurando la salida ya ordenada por un juez, según él. En otros casos, admite, se ha adoptado el cambio de candados. (I)

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Testimonio

‘Pierdo dedo, no la mano’

“Tengo una casa en el sector Esmeraldas Chiquita, allí hay informalidad, un inquilino me dice que son él, su mujer y dos hijos y resulta que me doy cuenta y están viviendo seis. ‘Están de visita’, me dicen, yo les pido que saquen medidor y no quieren responsabilizarse, se me han ido sin pagar el agua. Quise que uno se vaya, no quería, le puse candado y me trajo a la Policía. ‘Usted no puede hacer eso’, me dijo el policía. Le dije que abría, pero para que él se vaya, aunque me debía. Era preferible perder el dedo y no la mano”.

Miguel Montoya
dueño de casa

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