“Lesiones que fueron producidas por golpe o choque de objetos de superficie dura que determinan tiempo de enfermedad o incapacidad física para el trabajo y vida cotidiana de 3 días, salvo complicaciones que pudieran presentarse”. Este es el resultado del informe que emitió el perito que realizó el examen médico legal a una mujer que sufrió violencia intrafamiliar por parte de su suegra en el interior de su departamento mientras bañaba a su hijo.

Según el informe médico, los golpes los recibió en la cara y la cabeza, por lo que se le recomendó tres días de reposo y una valoración especializada.

Pero los dolores de los golpes pasaron. Lo que más le dolió y atormentó a la mujer, profesional y madre de dos niños, fueron los casi seis meses de trámite que debió seguir luego de la denuncia, en busca de justicia, inicialmente concedida pero al final negada.

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La víctima llegó a la Unidad de Flagrancia del Albán Borja, norte de Guayaquil, el 7 de enero de 2018. Allí solo le hicieron la valoración médica porque, según el fiscal de turno, Pedro Intriago, era un caso de violencia intrafamiliar y tenía que denunciarse en la Unidad de Florida Norte.

Con el dolor físico de los golpes se trasladó hasta el lugar en donde le tomaron su versión de los hechos. Después de firmar y esperar por varias horas le hicieron la valoración médica nuevamente, pero el médico y la persona que tomó la denuncia consultaron a la jueza de turno e indicaron que no era necesidad de hacer otro parte médico, pues ya se realizó en la Unidad del Albán Borja.

Después de tres días acudió al hospital del IESS, por los intensos dolores de cabeza, y le dieron tres días más de reposo. Así, no acudió a laborar durante una semana.

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Transcurrido ese tiempo llegó a la Unidad Judicial del Norte, para seguir con el proceso de la denuncia, pero le informaron que su caso estaba en el sur, en la Valdivia. Ahí le dijeron que no, que debía ir al norte. El caso no llegaba a la Unidad de Violencia Intrafamiliar.

La víctima recibió medidas de protección desde el momento que denunció el hecho, pero le tocó ir más de ocho veces a la Unidad para que el proceso no quede solo en denuncia y se procese a la agresora, que según las versiones dentro del proceso se hallaba en supuesto estado de embriaguez al momento del ataque.

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Una vez que llegó la carpeta, la jueza Georgina Toral Mena, que, por sorteo, conoció el caso, solicitó el 15 de enero que se notifique a la parte demandada, se haga valorización psicológica y de trabajo social de las dos mujeres involucradas. La afectada recibió el patrocinio de un abogado defensor público.

La víctima acudió a las valorizaciones en dos días diferentes. Luego, ella misma debió llevar la notificación a la unidad policial especializada Devif y solicitar que el policía asignado colabore y lleve las notificaciones a la agresora.

Posteriormente, se realizaron las valorizaciones psicológicas y sociales y el 22 de febrero la jueza convocó a la audiencia de juzgamiento y sentenció a la agresora con prisión de 7 días y una multa de 91,50 dólares (25% del salario básico) para el Consejo de la Judicatura y 100 dólares de indemnización para la afectada.

La sentencia señala que se valoraron como pruebas los testimonios de testigos de la agresión, entre ellas la hija de la víctima, y además el parte del médico legista. El 2 de marzo se notificó la sentencia. Pero la acusada apeló. En abril, el caso pasó a conocimiento de tres jueces de la Corte Provincial del Guayas (José Coellar Punín, María Gallardo Ramia y Beatriz Cruz Amores).

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Para el 18 de junio se convocó a la audiencia de apelación, en la que los jueces que resolvieron revocar la sentencia. El argumento: el perito médico no compareció a la audiencia de juicio a fin de que sea examinado por el tribunal.

La notificación se hizo efectiva el 6 de julio. Así, la víctima, medio año después de la agresión, quedó sin justicia y sin su medida de protección.

Al Consejo de la Judicatura, este Diario le pidió cifras y la atención que se da a casos de violencia intrafamiliar. Por escrito respondió lo que la ley establece en este tema, como la atención de la denuncia, medidas de protección y defensor público. No dio cifras. (I)

Me siento en indefensión; se presentaron testigos, pruebas, un informe del médico de la Unidad Judicial, los informes de la psicóloga y de la trabajadora social, pero nada sirvió. Por eso se desencadena en más violencia y muertes.Víctima de violencia intrafamiliar