La renuncia del rector Galo Salcedo y del vicerrector académico Fernando Sandoya es lo que exigen profesores de la Universidad de Guayaquil ligados a la dirigencia interna de este centro académico, luego de que el jueves 21 la Contraloría hiciera públicos dos auditorías que revelarían irregularidades.

Otros líderes docentes y estudiantiles dicen que las autoridades aludidas tienen 30 días para presentar descargos y que si eran corroboradas las presuntas anomalías, ellos “no solaparían” los casos observados.

Informes del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 30 de abril de 2017 dieron cuenta de 28 títulos de abogados cuyas actas de grados fueron supuestamente emitidas antes de que los alumnos terminaran sus tareas de titulación o, incluso, sin que las hubieran realizado. Además, determinan un aparente perjuicio al Estado de $ 8,8 millones por incrementos de sueldo sin documentos de respaldo.

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Clemente Moreira, presidente de la asociación de profesores, habla de rectificar errores si cabe dentro de los títulos cuestionados y señala que el rector ha actuado cesando a directivos de facultades. Cita que los servidores públicos están sujetos a auditorías y que las decisiones respecto a sueldos son comunicadas al Ministerio de Finanzas, que es “el pagador”.

José Valdivieso, presidente en Guayaquil a la federación de universitarios, dice que hay que ser objetivos porque aluden supuestas anomalías cuyas fechas corresponden a rectorías anteriores. Cree que “grupos políticos minúsculos” buscan generar inestabilidad en vísperas de las elecciones de los integrantes del Consejo Universitario (martes 26 y miércoles 27).

Sin citar nombres, la Contraloría establece causal de destitución del rector, del vicerrector académico, del decano de Jurisprudencia y del director financiero. De la predeterminación de glosas por $ 8,8 millones, el ente señala al rector, un rector encargado, el gerente administrativo-financiero y los directores financieros y de Talento Humano; además a dos titulares de la Comisión de Intervención, que trabajó en la Universidad de Guayaquil entre el 2013 y 2016 y que fue designada por el Consejo de Educación Superior.

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Jorge Kalil presidió la comisión entre octubre del 2013 y enero del 2016; Jaime Medina siguió hasta septiembre de ese año y luego Luis Carmenate cerró el ciclo en noviembre.

Camilo Morán, delegado docente en el Consejo Universitario, considera que el rector Salcedo y el vicerrector Sandoya deben renunciar, pues “la corrupción” detectada mancilla el nombre de la universidad. Sostiene que los títulos irregulares suponen uno de más casos que se irán detectando.

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El vicerrector Sandoya menciona que 10 mil alumnos hoy efectúan trabajos de titulación, que si hay 28 observados sería porque tal vez no cumplieron el total de requisitos. Dice que Salcedo y él asumieron en noviembre del 2016, ocho meses después de emitirse esos títulos.

Janio Cerezo, expresidente en Guayaquil de la federación de universitarios, sostiene que se ha cuestionado a Salcedo por contratos de personal y de obras, que en 30 días se corroboraría lo detectado por Contraloría y que ellos hace cuatro años denunciaron anomalías.

Kevin Rojas, vicepresidente nacional de esa institución, señala que las sospechas de irregularidades surgieron en rectorías anteriores. Critica que funcionarios cuestionados sigan en cargos directivos, pero que ahora con la labor de la Contraloría aspira a que la universidad se observe como foco de lucha anticorrupción.

Galo Salcedo: He pedido que hagan exámenes en universidad

El rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo, asumió su cargo en noviembre del 2016 y es uno de los aludidos en informes de Contraloría que determinan que habría causal para destituirlo. Él sostiene que actuó frente a supuestos actos irregulares cesando a directivos de la Facultad de Jurisprudencia y que denunció el caso a la Fiscalía. Agrega que una comisión analiza casos para ver cuáles títulos serían objeto de nulidad.

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Salcedo reemplazó a Roberto Cassis, quien llegó al cargo en julio del 2014 y lo dejó dos años después en medio de una polémica por la veracidad de su título de PhD. La auditoría de la Contraloría corresponde al periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

Salcedo sostiene que él mismo ha pedido auditorías a la Contraloría por la presunción de irregularidades, que un funcionario del organismo que genera informes de gestión en la universidad supuestamente emitió un informe señalando que sí cumplió con acciones frente a anomalías. (I)