Alcaldesa de Portovelo: ‘Cuidar del ambiente y cuidar de la gente no pueden ser caminos diferentes’

El pasado 2 de febrero, a través de la resolución 0005 del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), se dispuso la suspensión indefinida de las operaciones de las plantas de beneficio ubicadas en El Oro.Luego de ese anuncio, los alcaldes de Portovelo, Zaruma, Piñas y Atahualpa tuvieron reuniones con funcionarios de Gobierno para llegar a acuerdos que permitan la reapertura de las plantas. La alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar, detalla los consensos y el rol que toma el municipio de su localidad en este tema. Tras el cierre de las plantas de beneficio en El Oro, los espacios de diálogo entre los alcaldes y el Gobierno central se abrieron. ¿A qué consensos se ha llegado? Como alcaldes (Portovelo, Zaruma, Piñas y Atahualpa) hemos estado preocupados de qué va a hacer nuestra gente que se dedica hoy por hoy a la minería; cerca del 90 % lo hace.Se hizo un primer acercamiento de forma virtual; luego se nos recibió en Quito. Yo me he ratificado siempre en que cuidar del ambiente y cuidar de la gente no pueden ser caminos diferentes. No estamos en contra de las regulaciones ambientales. Reconocemos la importancia de cuidar el ambiente y de que, si no se han tomado los correctivos antes, quizás hoy sea ese punto de partida para mejorar al sector.Desde el Gobierno ha habido la apertura para poder minimizar el impacto, porque la medida de suspensión de una manera drástica deja en la desocupación a miles de familias. ¿Hay un estimado de cuántas familias están afectadas en Portovelo? De la minería viven 10.000 familias y de manera indirecta 80.000 en el altiplano orense (Piñas, Portovelo, Zaruma y Atahualpa). Hay que ser conscientes de que en el Gobierno la señora ministra ha sido flexible en el tema de que se va a poder llegar a ese consenso de que los dueños de las plantas puedan presentar un plan de acción.Tenemos el ofrecimiento de que, una vez que se presenten los planes de acción, en diez días se pueda levantar la suspensión.Hemos sido enfáticos en que los trámites administrativos en las diferentes carteras de Estado demoran mucho, pero ha habido ese compromiso de la celeridad por el tema del impacto económico y social que esta medida tiene en la población. ¿Qué ha pedido el Gobierno que se incluya en estos planes de acción? Un documento técnico que se centra en el manejo del agua, la forma en la que el agua, luego del tratamiento en las plantas de beneficio, sale a los ríos. Se habla mucho de construir de manera individual o asociativa plantas de tratamiento de aguas residuales para que exista una descarga con un mínimo de contaminación. También se habla de los procesos de recirculación que manejan muchas de las plantas y que pueda ser desalojada con los límites permitidos. ¿El pedido es nuevo o ya existía? Nada de lo que se pide hoy es nuevo. Siempre ha habido la normativa. Es como un camino que ha visto el Gobierno para poder agilizar el tema de levantamiento de la suspensión. ¿Qué papel jugarán los municipios con los planes de acción? Nuestro papel básicamente ha sido de mediadores, de hacer ese nexo entre la comunidad y el Gobierno nacional para que la medida sea flexibilizada, de buscar ese camino de viabilidad para que pueda haber una reapertura de la actividad.Ha faltado es control de parte del Estado, y por eso es que hemos llegado a esa situación. Sabemos que hay una responsabilidad ambiental, y eso se ha dicho a los empresarios mineros: que este sea el momento para que esa corresponsabilidad social que tenemos todos pueda verse de una manera más clara.Por un lado, el Estado flexibilizando la medida y los empresarios mineros alineándose a los cumplimientos ambientales que tienen que hacer. ¿Se tenía conocimiento de si las plantas estaban incumpliendo ciertos parámetros o había falta de control en estos lugares? Cada ente es responsable de poder regular lo que le corresponde. Aquí hay varios agentes gubernamentales que actúan en regulaciones, controles y demás. Nosotros en ese ámbito no nos inmiscuimos, no porque seamos indiferentes, sino porque no es nuestra competencia.Nuestra voz ha sido levantada por los miles de familias que dependen de esta actividad, y por eso se ha pedido esa flexibilización. Cerrar la minería significa cerrar Portovelo y la parte alta de El Oro, y hoy nuestra población no está preparada para otra actividad económica. El tema de la minería ilegal es algo complejo. ¿Se ha trazado una hoja de ruta o se ha pedido que se refuercen controles en sus jurisdicciones? Cada ente tiene su función en el tema del control de la delincuencia organizada, que creo que para todos es conocido que está en diferentes esferas del país. Ahí son los organismos encargados, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de luchar contra esta situación. Nosotros no podemos decir que Portovelo esté libre de este tipo de actividades.Sin embargo, hay que reconocer que por lo menos un 90 % de las actividades mineras en Portovelo son legalizadas, son de gente honesta que trabaja día a día, que paga sus impuestos, que da trabajo y que aporta muchísimo al erario nacional. Si hay alguna de estas líneas, pues, es la cartera de Estado correspondiente la que debe hacer el seguimiento, la investigación y la sanción correspondiente. Desde la alcaldía de Portovelo, ¿hay algún plan que empuje hacia la remediación ambiental? Tenemos el Plan de Uso y Gestión de Suelo y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que está alineado a poder preservar las cuencas hídricas, las riberas de los ríos. Uno de los primeros caminos es la reubicación de plantas de beneficio del casco urbano de Portovelo. En el sector de El Pache tenemos una ordenanza que estipula que debe haber 25 metros de retiro del río para la realización de la actividad minera.Se busca ir trasladando las plantas, poco a poco, hacia la zona industrial en El Tablón. Los empresarios tienen que poco a poco construyendo su infraestructura para trasladarse a ese lugar. ¿El Tablón tiene cercanía con los dos ríos que ahora están señalados con contaminación por la actividad? En el sector de El Tablón no hay cuencas hídricas que puedan verse afectadas por recibir lixiviados de la actividad minera. En este sector no hay riesgo de afectación a los ríos. ¿Desde cuándo está vigente la ordenanza que establece esta reubicación? La ordenanza la aprobamos en 2025 y no es un plan de cumplimiento inmediato. Ha habido la predisposición de los empresarios. Hay grupos importantes que ya tienen comprados sus terrenos en la zona industrial para poderse reubicar. ¿Cuál es la proyección que se tiene para el traslado? Nosotros esperamos que hasta el 2027 las plantas estén reubicadas en el sector de El Tablón y que se pueda hacer la remediación de los territorios. ¿A qué se refiere con la remediación de territorios? La misma ley de minería habla de un cierre técnico, que tienen que hacer todos quienes hacen actividad minera. El cierre técnico consiste en hacer la remediación del suelo donde se trabajó y obviamente que esa zona quede nuevamente para otra actividad. En El Tablón, ¿cuántas plantas pudieran instalarse? Se aspira llegar al menos a un 60 % de las plantas que existen en El Pache. En este sitio está la mayoría de un total de 80 que tiene el cantón. Unas 20 están en el sector El Salado, de la vía que va hacia Loja. De momento está en análisis cuántas plantas pudiera albergar este sector, porque estamos conscientes de las capacidades que tenemos. Esa sería la parte del Municipio en este tema ambiental... La parte del Municipio de poder ubicar todas estas actividades industriales en una zona donde haya menos afectación ambiental, pero también para eso necesitamos el apoyo del Gobierno, para los permisos que les permitan a los empresarios realizar este traslado. (I)

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