“Fiscalizar no es ilegal, es nuestra obligación constitucional”, advirtió la legisladora Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), el jueves 16 de octubre pasado, al defender la integración de un Frente Parlamentario de los Derechos Humanos que investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del paro.

Este grupo se integró la tarde del jueves, y por la noche, en redes sociales, la directiva de la Asamblea Nacional -todos oficialistas- emitieron un comunicado en el que afirmaron que ese grupo carece de validez institucional y no cuenta con reconocimiento legal dentro del Parlamento.

El comunicado indica que el uso del término “parlamentario” por parte del colectivo impulsado por la Revolución Ciudadana constituye un empleo indebido de una figura institucional.

Publicidad

A lo que Veloz respondió en sus redes sociales: “Como legisladores, tenemos toda la competencia y legitimidad constitucional para ejercer la fiscalización. No necesitamos autorización política ni beneplácito del oficialismo para cumplir con lo que el artículo 120 de la Constitución nos ordena. Fiscalizar no es un privilegio: es un deber y una responsabilidad con el país”.

Agregó que la creación de este Frente Parlamentario no “surge del capricho ni del protagonismo, sino de la necesidad de romper el cerco que impide la fiscalización dentro de las comisiones”. “Desde el inicio de este período legislativo, se han presentado los pedidos formales para la creación de grupos parlamentarios temáticos y han sido sistemáticamente bloqueados”, denunció.

“El rechazo del oficialismo es un trofeo democrático. Que quienes hoy controlan la Asamblea y bloquean toda forma de control político se nieguen a reconocernos, no nos ofende, nos honra. Si incomodamos al poder, es porque hacemos bien nuestro trabajo. En tiempos donde el silencio se premia, fiscalizar es un acto de valentía democrática”.

Publicidad

" Memoria y coherencia, ustedes ya lo hicieron, en 2024, varios miembros de la misma bancada oficialista conformaron un grupo parlamentario para perseguir políticamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Cuando ustedes lo hacen, es “legal”. Pero cuando lo hacemos nosotros para proteger a la ciudadanía resulta que es “ilegal”. El doble rasero no construye institucionalidad, la destruye", finalizó la legisladora, refiriéndose al grupo que creó ADN para indagar el trafico de combustibles en el país, pero que se centró en el caso llamado Triple A, en el cual se procesa a Álvarez y su entorno. (I)