El asunto es sencillo y, a la vez, aterrador: la dizque renovada justicia de la revolución ciudadana y el socialismo del siglo XXI distingue, en los hechos, entre personas naturales y jurídicas de primera categoría y de segunda categoría. Por acciones similares, los de primera –adeptos al ‘proceso de cambio revolucionario’– reciben un trato condescendiente, mientras que los de segunda –que no están postrados ante el poder político– son castigados. Esta es la impresión que se tiene después de que el Tribunal Contencioso Electotral condenara a la revista Vistazo por la publicación de un escrito un día antes de la consulta popular del 7 de mayo de 2011.
Podría parecer racional la decisión de los jueces, pero no lo es. La normativa señala que, previo a un acto eleccionario, no se puede incidir a favor o en contra de ninguna postura. La revista Vistazo ha sido sancionada por realizar “propaganda electoral a favor de una postura negativa”. Pero opinar no es hacer propaganda. Habría que cuestionar, pues, el entendimiento de quienes firman el fallo porque entreveran el razonamiento con la publicidad. Como Vistazo es un ente que calza en la segunda categoría, no interesan estas sutilezas semánticas y debe ser punido sin importar lo justo.
Este caso es escandalosísimo porque el periódico gubernamental El Telégrafo –que hace pasar lo gobiernista como lo público– publicó el 5 de mayo el artículo de opinión ‘La cofradía negativa’ de Fabrizio Reyes De Luca, en el que se pronuncia a favor del Sí, al menos en cuatro preguntas; y el 6 de mayo el artículo ‘Mi voto, mi justificación’, de Sebastián Vallejo, en el que se pronuncia por el Sí en nueve preguntas. Para rematar, ¡el escrito principal de El Telégrafo del día 6 llama a votar “Diez veces sí”! Las normas indican: ni a favor ni en contra; pero en este país dividido solo aquellos que razonaron por algún No son condenados.
Bastaría la demostración de que existen dos varas que miden a las instituciones y a las personas para desmontar el nuevo ataque del Estado en contra de los medios de comunicación no gubernamentales. Pero, como la realidad oficial ha sido definida en blanco y negro por los dirigentes estatales, no se ve la salida de este dañino entendimiento. Patricia Estupiñán de Burbano, editora de Vistazo, ha esgrimido otra lógica más sensata que corresponde mejor con el buen vivir: El Telégrafo, Luca y Vallejo estaban en su derecho de opinar por el Sí; Vistazo opinó por el No. Ninguno debe ser sentenciado a nada.
Jorge Luis Borges publicó en 1935 Historia universal de la infamia, unos relatos con personajes desalmados: un falso libertador de esclavos, gángsteres neoyorquinos, una viuda china pirata, un asesino que mata por matar, unos compadritos arrabaleros cuchilleros… En esas historias atestiguamos la deshonra a la que puede llegar el ser humano y el difícil, y hasta imposible, camino hacia la redención. Escarmentar con el pago de 80 mil dólares a Vistazo –haciéndose de la vista gorda con respecto de otros posibles infractores– es una vileza, tal vez parte de una historia particular de la infamia. Sin justicia real no hay país que avance, ni siquiera en las ficciones de los sábados.
