Cada tanto se nos presenta, directa y sin censura, la dinámica que rige las relaciones políticas del gobierno con sus aliados, especialmente aquellos que a base de supuestos acuerdos, se prestan para grotescas vulneraciones al ordenamiento jurídico. Sus socios de coyuntura dejan la piel en la arena, pero cuando ya no sirven y han quedado como unos perfectos imbéciles, son echados del entorno presidencial con cajas destempladas. No importa si son políticos, jueces o incluso miembros de la propia estructura gubernamental. La “reificación”, para utilizar la terminología propuesta por Axel Honeth, llega al punto tal, que no son solamente tratados como cosas, sino que se les da el atributo de la fungibilidad cuando es necesario.

¿Pruebas al canto? Muchas y de la más variada índole. Diego Borja Cornejo en el 2007, luego de irrespetar un acuerdo firmado con movimientos de izquierda, postuló por la Izquierda Democrática a la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez elegido, no tardó en ubicarse dentro del bloque de Alianza PAIS (AP), con el que votó sin reservas por todas sus propuestas. Posteriormente fue incorporado al equipo de gobierno y permaneció con su grupo Poder Ciudadano, como un satélite muy pequeño, pero incondicional de AP. ¿Cómo pagaron tanta gestión, discutible por demás desde cualquier ética política? Fánder Falconí anunció que los separaban a él y su grupo del movimiento de gobierno y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que las firmas presentadas por estos no sean tomadas en cuenta, por existir indicios de la falsedad y manipulación de las mismas. Esto se publicó además en la página web de la Cancillería, nada más ni nada menos. Borja no tardó en salir al corte y dejar en claro que a través de este mecanismo se pretendía, por decirlo de alguna manera, lavar las firmas falsas de AP, endosando estas a Poder Ciudadano. Más allá de lo desagradable de las acusaciones mutuas entre comadres de quinto patio, lo que está claro es que los miembros del gobierno, cuando se trata de sobrevivir y desembarazarse de alguien, no tienen problema de lanzar el primer machetazo a la yugular. Al propio Falconí le tocó una dosis de cariño presidencial, cuando en la sabatina del 16 de enero del 2010 fue tachado por Correa de infantil y traidor, deseándole además que le vaya bonito, por haber criticado como canciller su política ambiental. Tuvo que comerse los insultos y volver con el rabo entre las piernas, para que le permitan sentarse nuevamente como comensal de palacio. Lamentable recordar la cara del alcalde de Quito, Augusto Barrera, mientras era sometido a escarnio público por el presidente, en la sabatina del 5 de mayo del 2012, frente a una multitud que festejaba a carcajadas las ocurrencias del mandatario. Triste papel para alguien, que en algún momento fue uno de los ideólogos del movimiento indígena.

A los aliados de otros grupos políticos tampoco les ha ido bien, si no veamos el caso de Abdalá Bucaram, quien puso su cuota en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para destituir en el 2007 a 57 diputados y a sus asambleístas para apoyar las tesis de gobierno. Ahora ha sido tratado de basura y ladrón lunático, a su hijo lo insultan en cada sabatina e incluso sus pequeños nietos han sido motejados como los “hijos del PRE” y se les ha ordenado someterse a exámenes psicológicos. Tanto el PRE como el MPD y Pachakutik, otros exaliados, fueron descalificados por un CNE dependiente hasta la médula de Carondelet.

Los asambleístas que han dejado sus partidos para aliarse con AP no han tenido mejor suerte, basta ver el desprecio con el que son tratados casa adentro, así como el aislamiento político que les ha sido impuesto por el mismo gobierno. Quedaron fuera de sus tiendas políticas originales y sin espacio alguno en el movimiento oficialista, para la próxima elección.

En cuanto a los jueces que no han podido resistir la extorsión y amenaza de procesamiento disciplinario o la oferta de “eterna amistad” del poder y han emitido las sentencias más locas y disparatadas a favor del gobierno, solo se puede decir que los han exprimido y luego, cual naranja seca, los han desechado. El juez que dictó prisión preventiva en contra del coronel César Carrión y quien desde Quito autorizó dinamitar la maquinaria utilizada por la minería ilegal en Esmeraldas, está destituido; sigue preso, asimismo el que ordenó que no se ubique el monumento a León Febres-Cordero, porque atentaba contra el ornato de la ciudad. Los pobres pensaron que la palmadita en la espalda y el guiño de ojo de las autoridades los convertían en invulnerables y en parte privilegiada del círculo. Al parecer, lo único peor que ser considerado como enemigo de un gobierno es ser tratado como amigo de este.