El “versus” de este enunciado no connota “contra” ni “hacia”. Designa la contradicción en la que en este momento se encuentran estos organismos estatales a causa de ciertas transformaciones que rompen la continuidad del Estado, y que afectan a muchos jóvenes ecuatorianos, deseosos de obtener una educación superior especializada, que sea oficialmente reconocida y que les permita trabajar. Tal ha sido el caso de muchos profesores que se graduaron como docentes en un instituto, y luego ingresaron a un programa de 3 años en la Universidad Técnica de Manabí para obtener una licenciatura en Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Los docentes cumplieron con un programa inicialmente aprobado por el entonces vigente Consejo Nacional de Educación Superior, y muchos lo hicieron mediante crédito otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE).
En el ínterin, el Gobierno actual estableció la gratuidad de la educación superior pública, borró al Conesup y dividió las funciones que este organismo tenía, creando tres organismos diferentes: CES (Consejo de Educación Superior), Senescyt (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) y Ceaaces (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). Uno de los efectos inmediatos de estas modificaciones es que aquellos profesores manabitas que cursaron ese programa de tercer nivel en una universidad pública ecuatoriana, para obtener un título que en ese momento fue aprobado por un organismo del Estado ecuatoriano, hoy han tenido dificultades en su intento de que el nuevo Senescyt otorgue el reconocimiento oficial de esos títulos, para que los profesores manabitas puedan participar en concursos públicos y conseguir trabajo, como es su derecho.
Una situación análoga confrontan (y confrontarán próximamente) muchos profesionales ecuatorianos de diversas ramas, que estudiaron en el extranjero maestrías y doctorados, o que han seguido programas de maestría on line en universidades españolas, que tienen un buen nivel y que en su momento fueron favorablemente calificadas por el IECE, que otorgó el correspondiente crédito. En este momento constatan que el Senescyt ha dejado en suspenso el reconocimiento de aquellos títulos que previamente el IECE había validado, dejando la impresión de que los procesos de supervisión y acreditación de la calidad de la educación superior en nuestro país, no son ajenos a esas rupturas políticas (más que técnicas, científicas o académicas) que quiebran la necesaria continuidad del Estado ecuatoriano, de un gobierno al que le sucede.
Es verdad que nuestra educación superior requiere urgentes transformaciones, para mejorar su calidad y responder a las demandas del país. Lo mismo ocurre con diferentes organismos del Estado ecuatoriano. Pero las exigencias del desarrollo y la transformación no deberían ocasionar contradicciones profundas del Estado consigo mismo, donde se desmienta y desconozca lo que anteriormente fue aprobado de manera técnica y legal. Ello afecta a muchos sujetos y familias ecuatorianas y acentúa una sensación que en este momento se va extendiendo en nuestra sociedad: “en el Ecuador actual es muy riesgoso invertir y emprender nuevas actividades de diverso tipo, porque nadie sabe lo que va a pasar”. La incertidumbre no solamente afecta a la inversión extranjera, sino a los pequeños proyectos personales de los ecuatorianos, incluyendo a sus planes para obtener una formación superior.
